La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, reconoció este martes la existencia de una alta mora en la Sala de lo Laboral, al tiempo que reclamó la falta de transferencias presupuestarias y señaló que son pocos los casos de corrupción que han ingresado durante su gestión.
Durante su visita a la ciudad industrial para dialogar con jueces y magistrados, Obando explicó que se han nombrado siete jueces adicionales en los Juzgados de lo Laboral, pero que las capacidades siguen siendo insuficientes ante la carga de trabajo.
“Ni contratando más personal ni trabajando las 24 horas y los siete días de la semana se lograría bajar la mora judicial”, lamentó.
La titular del Poder Judicial también denunció problemas de presupuesto, recordando que la Secretaría de Finanzas adeuda 1,250 millones de lempiras en transferencias, lo que ha impedido contratar más personal y mejorar las instalaciones judiciales. “El edificio judicial está saturado y ya no cabe un alfiler más”, expresó, señalando que han tenido que alquilar otras sedes en lugar de contar con infraestructura propia.
Consultada sobre el informe de Transparencia Internacional que ubica a Honduras entre los países con peor percepción de corrupción, Obando afirmó que los casos ingresados al Poder Judicial en esta materia han sido “poquísimos”. Asimismo, aseguró que no teme a un eventual juicio político en su contra, pues ha actuado de manera profesional y transparente.
En relación con las extradiciones, la presidenta de la CSJ destacó que el proceso ha funcionado y continuará, aunque manifestó que le gustaría que los delitos de narcotráfico fueran juzgados en Honduras y no en tribunales extranjeros. Desde 2014, más de 60 hondureños han sido entregados a Estados Unidos por estos delitos.
Finalmente, Obando se refirió al embargo de la alcaldía de El Corpus, Choluteca, por una demanda laboral de más de 63 millones de lempiras, calificando el acuerdo de conciliación como “extralimitado” y ordenando una investigación inmediata para determinar si existió dolo, con el fin de remitir el caso al Ministerio Público.
