La justicia hondureña dictó prisión preventiva contra nueve personas acusadas de integrar una red criminal que saqueó sistemáticamente los fondos de la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (COMIXMUL).

El caso, que involucra a directivos, empleados y bufetes privados y revela un patrón de corrupción institucional que se extendió por más de una década.
Entre los imputados figura José Amílcar Hernández Flores, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, lo que añade una dimensión política al caso.
Los delitos incluyen: lavado de activos, apropiación indebida agravada continuada y estafa impropia agravada continuada en concurso ideal.
También fueron capturados: Magda Edy López Sierra, Dilia Lizeth López Sierra, Isis Karina Ramírez Villeda, Yolanda Corea Alvarado, Jorge Alberto Juárez Rodríguez, María Antonia Juárez Rodríguez, Sandra Nohemí Fuentes Jiménez y Alejandra María Suárez Fortín.
La red operó mediante la suscripción de contratos ficticios de servicios profesionales, que en realidad sirvieron para desviar más de 47 millones de lempiras.
De ese monto, más de 37 millones fueron canalizados directamente por bufetes privados en complicidad con actores internos de la cooperativa.
El fraude se ejecutó entre 2015 y 2025, afectando gravemente la capacidad operativa y financiera de COMIXMUL.
Como parte de las medidas cautelares, se aseguraron tres condominios, dos sociedades mercantiles y dos vehículos.
En 2017, seis exdirectivos de COMIXMUL ya habían sido condenados por delitos financieros, lo que evidencia la persistencia de un modelo de saqueo institucional.
En total, se han inmovilizado más de 50 bienes inmuebles y cuatro sociedades mercantiles en Tegucigalpa, Siguatepeque, Choluteca y Valle.
Este caso no solo desnuda una red de corrupción sofisticada, sino que pone en entredicho los mecanismos de control interno en cooperativas que deberían ser espacios de desarrollo comunitario.