Un juez natural, dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra diez personas acusadas de participar en un esquema de corrupción que habría defraudado más de 45.5 millones de lempiras a la municipalidad de San Pedro Sula.
Los imputados serán trasladados a la cárcel de Támara mientras continúa el proceso judicial.
La acusación presentada por el Ministerio Público se basa en más de 30 medios de prueba que vinculan a empresarios, funcionarios y exfuncionarios municipales en la adjudicación irregular de 33 contratos entre julio de 2023 y abril de 2024.
Los contratos, destinados al mejoramiento vial, fueron otorgados a la empresa Constructora HERCOD S. de R.L., sin cumplir los requisitos legales ni técnicos establecidos.
Según la investigación, los contratos fueron fragmentados para evadir los procesos de licitación pública, adjudicando 26 de forma directa y 7 mediante licitación privada.
Además, se aprobaron pagos sin verificar avances de obra, y en varios casos no se especificó la ubicación de los tramos a reparar. Proyectos como la rehabilitación de carreteras en El Merendón y la reparación de un complejo deportivo no muestran evidencia de ejecución.
Imputados y delitos
Entre los acusados figuran empresarios, familiares de autoridades municipales y funcionarios públicos: Luis Hernández Portillo, Olga Estela Ávila Ortega (representante de HERCOD), José Antonio Juárez Pereira, Henry Geovanny Guzmán Girón, Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo, Malcos Jonathan Morales Corea.
Vínculos familiares: Steven Adolfo Fajardo Vargas (yerno del alcalde Roberto Contreras), Josué David Fajardo Hernández (tío de Steven Fajardo)
Funcionarios y exfuncionarios municipales: Osman David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez, Alejandra Eunice Amaya Barnica (Gerencia de Infraestructura), Marlen Mena Gómez (exgerente financiero), Xavier Lacayo Delgadillo (tesorero municipal), Luis Enrique Saa (director de proyectos), Walter Cartagena Villagra (exdirector de Vías)
A todos se les imputan delitos de fraude, violación a los deberes de los funcionarios, tráfico de influencias, lavado de activos
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó que se presentaron alrededor de 30 pruebas documentales, testimoniales y periciales que sustentan la acusación. “Estamos ante un caso emblemático que refleja cómo se estructuran redes de corrupción desde lo público y lo privado”, declaró.
