La reciente querella penal presentada por la Secretaría de Finanzas (Sefin) contra Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces (RCV), ha generado una fuerte controversia tanto a nivel nacional como internacional.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló que esta acción judicial representa un intento de intimidación en represalia por la publicación de un reportaje sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
Esta acción legal, que acusa a Rodríguez de injurias y calumnias, ha sido ampliamente criticada por organizaciones defensoras de la libertad de prensa, que la consideran un intento de intimidación y censura.
La querella surge tras la publicación de un reportaje en el que RCV denunció un presunto sobregiro de 6,500 millones de lempiras en la Tesorería General de la República, fondos que habrían sido utilizados en la organización de elecciones primarias y administrados por la Sefin, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Banco de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
Según la Sefin, las acusaciones carecen de evidencia documental y calificaron el reportaje como especulativo.
La SIP condenó la querella, señalando que representa un claro intento de intimidación contra el periodismo investigativo.
La SIP recordó que las querellas penales contra periodistas contradicen los estándares internacionales de libertad de expresión establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración de Chapultepec.
Además, enfatizó que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio y deben garantizar un ambiente propicio para el ejercicio del periodismo independiente.
RCV, en respuesta, reafirmó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, defendiendo la veracidad de su reportaje y rechazando cualquier intento de censura. La emisora subrayó que no cederá ante presiones para silenciar su labor periodística.
Este caso pone en evidencia las tensiones entre el gobierno y los medios de comunicación en Honduras, y plantea interrogantes sobre el estado de la libertad de prensa en el país.
La comunidad internacional y las organizaciones locales han hecho un llamado a proteger el derecho a la información y a garantizar que los periodistas puedan ejercer su labor sin temor a represalias.
