El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presentó un requerimiento fiscal contra Rigoberto Portillo Mejía, exmiembro de la Comisión Interventora de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), nombrada en febrero de 2023.
Portillo Mejía enfrenta cargos por uso de información privilegiada, malversación por aplicación oficial diferente, concusión y estafa.
Según las investigaciones, se le vincula a una red que arrendaba propiedades incautadas mediante contratos ficticios, sin entregar copias a los arrendatarios y cobrando altas sumas de dinero, que luego eran depositadas en cuentas personales sin registrarlas en las cuentas oficiales de la OABI.
Por este mismo caso, también ha sido acusado el exdirector de fiscales del Ministerio Público, Jaime Renán Banegas Zerón, quien enfrenta cargos por asociación para delinquir, usurpación de funciones públicas y estafa.
Además, se informó que está pendiente una orden de captura contra otro implicado en la red de corrupción.
Impacto del caso y acciones legales
Este requerimiento fiscal forma parte de los esfuerzos del Ministerio Público para combatir la corrupción en instituciones estatales. La OABI, encargada de administrar bienes incautados en casos de narcotráfico y corrupción, ha sido objeto de múltiples denuncias por irregularidades en su gestión.
Las autoridades han reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a quienes hayan participado en actos ilícitos dentro de la administración pública. Se espera que en los próximos días se emitan nuevas resoluciones judiciales en torno a este caso.
