El exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vásquez Velásquez, afirmó que se considera un preso político y que existe un plan para asesinarlo en prisión, tras la revocación de su medida de arresto domiciliario.
La Corte de Apelaciones de lo Penal ordenó su prisión preventiva, junto con la de los generales en retiro Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto, imputados por la muerte de Isy Obed Murillo el 5 de julio de 2009. La resolución también recalificó el delito de homicidio y lesiones graves a asesinato.
Vásquez Velásquez declaró que la acción en su contra es una venganza política a pocos días de las elecciones primarias. Alegó que en 2009 solo cumplió órdenes de la Corte Suprema de Justicia y exigió pruebas que lo vinculen con el asesinato.
Además, acusó al Partido Libertad y Refundación (Libre) de estar detrás del proceso, afirmando que buscan silenciar a la oposición y perpetuarse en el poder. También denunció que su vida corre peligro si es trasladado a la prisión de Támara.
Su caso continúa generando debate en un contexto político marcado por la polarización y las tensiones históricas del país.
