El Ministerio Público confirmó la captura de nueve personas vinculadas a una presunta red de corrupción en la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula (SPS), tras la presentación de un requerimiento fiscal que involucra a funcionarios, exfuncionarios y particulares.

La @PoliciaHonduras informa la captura por el caso en mención presentando por el @MP_Honduras de los siguientes ciudadanos:
— Gustavo Sanchez Velasquez (@hegusave) September 23, 2025
1. Denys Jamil Paz Martínez
2. Walter Manuel Cartagena
3. Eunice Alejandra Amaya Barnica
4. Marlen Karina Mena Gómez
5. Osman David Chávez Orellana.
6. Olga… https://t.co/nSz1TA9rOl
Los delitos que se les atribuyen son de violación a los deberes de los funcionarios, Fraude, tráfico de influencias y lavado de activos.
Según el Ministerio Público, los contratos fueron fraccionados intencionalmente para evadir los procesos de licitación pública.
De los 33 contratos, 26 fueron adjudicados por contratación directa y 7 por licitación privada. La empresa HERCOD incumplió requisitos básicos como garantías de anticipo y nóminas técnicas, pero aun así recibió pagos sin presentar informes de avance ni verificación de obras.
Entre los proyectos no ejecutados figuran la reparación de un complejo deportivo y la rehabilitación de carreteras en El Merendón, donde no se encontró evidencia de maquinaria ni trabajos realizados.
El requerimiento fiscal señala que Steve Fajardo, sin ser funcionario municipal, sostuvo reuniones con el entonces gerente de Infraestructura, Osman Chávez, y con representantes de empresas que simularon competir como oferentes. Además, se documentaron vínculos societarios entre Luis Hernández Portillo y familiares de Fajardo, lo que facilitó beneficios indebidos.
El dinero fue canalizado en un esquema de lavado de activos: tras recibir los pagos, HERCOD transfería los fondos a cuentas controladas por Ávila y Hernández Portillo. Más de L 5.9 millones terminaron en manos de Josué Fajardo, quien entregaba el efectivo a su sobrino Steve Fajardo para ocultar el origen ilícito de los recursos.
El Ministerio Público anunció que continuará con las acciones judiciales para desarticular la red de corrupción y recuperar los fondos públicos desviados, en lo que se perfila como uno de los casos más graves de fraude municipal en la zona norte del país