El subjefe de la bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, fue trasladado este jueves al Centro Penitenciario Nacional de Támara, acusado de participar en un fraude multimillonario contra el Estado que supera los 3,000 millones de lempiras.
Márquez, quien también fue titular de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), enfrenta cargos por contratos irregulares, laudos arbitrales inválidos y demandas fraudulentas, en un caso que involucra a exfuncionarios, jueces y representantes de empresas privadas.
“Sin ceder en la lucha jamás”
A su salida de los juzgados capitalinos, Márquez, visiblemente molesto pero sin esposas, lanzó un mensaje desafiante: “¡Sin ceder en la lucha jamás! Sigo creyendo en la justicia. ¡Viva Honduras! Los hondureños somos los que vamos a rescatar este país. Todos a salir a votar el 30 de noviembre”.
Sus palabras, cargadas de tono político, contrastan con la gravedad de las acusaciones que enfrenta. Para muchos, se trata de un intento de victimización y de capitalizar políticamente su situación judicial.
¿Persecución política o justicia en marcha?
La defensa del diputado ha denunciado una supuesta persecución política, mientras que sectores ciudadanos y organizaciones anticorrupción celebran el avance del caso como un paso hacia la rendición de cuentas. Sin embargo, la politización del proceso judicial y la narrativa de “instrumentalización de la justicia” han generado un ambiente de polarización.
Junto a Márquez fueron enviados a prisión: Eva Vásquez, exdirectora legal de SEDECOAS, Raymundo Esaú Gradiz Vilorio, juez de Letras de lo Civil, Caronte Rojas Zavala, miembro del tribunal arbitral, Juan Fernando Madrid, apoderado legal de la empresa NAINSA.
Un caso con raíces profundas
El fraude se remonta al año 2000, tras el paso del huracán Mitch, cuando el Estado adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., que operaba sin autorización en el país. Años después, esta empresa y su subcontratada NAINSA presentaron demandas basadas en un laudo arbitral inválido, lo que permitió el desvío de fondos públicos.
La audiencia preliminar está programada para el 5 de agosto, mientras crecen las dudas sobre la seguridad del diputado en prisión y sobre el alcance real de la red de corrupción. La ciudadanía exige que la justicia no se detenga en figuras menores y llegue hasta los verdaderos responsables.
El traslado de Nelson Márquez a Támara marca un momento clave en la lucha contra la corrupción en Honduras. Pero también plantea una pregunta urgente: ¿será este el inicio de una verdadera depuración institucional o solo otro capítulo en la larga historia de impunidad política?
