Este fin de semana, la capital industrial de Honduras fue escenario de una nueva tragedia que enluta a la sociedad hondureña: tres adolescentes del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (INTAE) fueron raptados y ejecutados mientras se dirigían a realizar tareas académicas en grupo.
Pese a que el país permanece bajo estado de excepción y las autoridades aseguran avances en materia de seguridad, este crimen evidencia lo contrario. Brayan Josué Núñez Pineda (17), Luis Tercero (16) y Adonys Mejía (16) fueron interceptados por sujetos armados en la colonia La Pradera y posteriormente ejecutados en un terreno baldío del sector Reparto Lempira.
Inicialmente se informó que uno de los jóvenes había sobrevivido, pero su fallecimiento fue confirmado este domingo 27 de julio, elevando el suceso al nivel de masacre.
Cifras que alarman, de acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la UNAH, esta es la masacre número 25 registrada en lo que va de 2025. Solo en julio se han documentado cinco masacres, sumando 85 víctimas mortales.
Los números hablan por sí solos y desmienten cualquier narrativa triunfalista en materia de seguridad.
La juventud en la mira de la violencia
El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, calificó el hecho como una muestra del abandono estatal hacia la niñez y juventud.
Señaló que existen sectores en la costa norte donde la población vive fragmentada por el miedo: “Hay comunidades que no pueden cruzar de un sector a otro”, afirmó.
En redes sociales, padres y docentes han manifestado su angustia. La profesora Andrea Laínez reflexionó: “Como padres debemos corroborar con los maestros. No podemos descuidarlos.
Estos tiempos están muy difíciles”. El duelo nacional se mezcla con la exigencia de medidas concretas para proteger a los jóvenes, incluso cuando su única intención es cumplir con sus obligaciones escolares.
Investigaciones abiertas
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantiene abiertas varias líneas de investigación. Sin embargo, no se han identificado a los responsables ni determinado el móvil del crimen. La impunidad persiste como otro rostro del problema.
Este hecho vuelve a encender las alarmas sobre la vulnerabilidad de la juventud hondureña y la necesidad urgente de transformar las políticas de seguridad. La ciudadanía clama justicia, pero también exige una estrategia integral que incluya prevención, educación y verdadera voluntad política.
