El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) confirmó que existe responsabilidad penal en el caso de corrupción conocido como el “Checazo”, que involucra a la diputada Isis Cuéllar y al exministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona.
Así lo informó este lunes el portavoz del órgano contralor, Rodolfo Isaula, quien detalló que el informe de auditoría será publicado próximamente en el sitio web oficial del TSC.
La auditoría realizada por el TSC concluye que hubo uso indebido de fondos públicos, pero será el Ministerio Público quien determine los delitos específicos cometidos y proceda con las acciones legales correspondientes.
El video que desató el escándalo
El caso salió a la luz tras la filtración de un video en el que se observa a la diputada Isis Cuéllar, del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), conversando con el entonces ministro José Carlos Cardona sobre el desvío de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para financiar actividades proselitistas en el departamento de Copán.
En el material audiovisual, Cuéllar detalla cómo distribuyó kits valorados en aproximadamente 125 mil lempiras cada uno, que incluían equipos de sonido, sillas, mesas, carpas, banderas, camisetas y otros artículos promocionales. Según sus propias palabras, los cheques fueron emitidos a nombre de personas de su confianza para facilitar la entrega de los recursos al partido Libre.
Avances en la investigación
El informe del TSC fue recibido por el fiscal general Johel Antonio Zelaya, quien instruyó a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) a analizarlo de inmediato e incorporarlo a las investigaciones ya en curso.
Aunque se reportan avances significativos, hasta el momento no se ha presentado requerimiento fiscal contra los involucrados.
El caso del “Checazo” ha generado indignación en diversos sectores de la sociedad hondureña, que exigen mayor transparencia y sanciones ejemplares ante el uso clientelar de fondos públicos. Organizaciones civiles han señalado que este tipo de prácticas debilitan la institucionalidad y erosionan la confianza en el sistema democrático.
El TSC reiteró que su labor es técnica y que corresponde al Ministerio Público determinar las responsabilidades penales. Mientras tanto, la ciudadanía espera que este caso no quede en el olvido ni se diluya en el discurso político.
