La Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (UFERCO) ha presentado un nuevo requerimiento fiscal que involucra a varios exfuncionarios del Fondo Vial y a una exdiputada del Partido Nacional.
La acusación se centra en contratos asignados entre 2012 y 2013 a una empresa vinculada al cartel de Los Cachiros, lo que habría resultado en el pago de sobornos y un fraude al Estado de aproximadamente 32 millones de lempiras.
El titular de la UFERCO, Luis Javier Santos, explicó que los contratos fraudulentos fueron otorgados para el mantenimiento y supervisión de la red vial en Trujillo, Colón.
La investigación ha revelado pruebas documentales, incluyendo correos electrónicos en los que se solicitaban sobornos para altos personajes políticos e incluso para una funcionaria del Congreso Nacional.
Entre los imputados se encuentran 11 personas, incluyendo exfuncionarios del Fondo Vial y representantes de la empresa beneficiada.
En lista figuran Hugo Alfredo Ardón Soriano, Hugo Edgardo Álvarez Martínez, José Efraín Peñalba Lizardo, Walter Noé Maldonado Maldonado, Luis Armando Ortiz, Danilo Cervantes Suazo y Juan Carlos Aguilar Mazonni, todos exfuncionarios del Fondo Vial.
Asimismo, se acusa a Devis Leonel Rivera Maradiaga, Edgardo Pérez Martínez, Luis Manuel Turcios Galeas, Efraín de Jesús Maradiaga Turcios y José Manuel Aguilar Matute, por parte de la empresa Inversiones Rivera Maradiaga (Inrimar).
La semana pasada, la UFERCO también presentó un requerimiento fiscal contra más de veinte personas acusadas de delitos penales, en su mayoría exfuncionarios.
Este caso se suma a una serie de investigaciones que buscan desmantelar redes de corrupción que operaron en administraciones anteriores, desviando fondos públicos en beneficio de intereses particulares.
Las autoridades han solicitado órdenes de captura contra los implicados y esperan la respuesta de la jueza que conocerá la causa.
