Eugenio Sosa director del Instituto Nacional de Estadísticas aseguró que, gracias a los proyectos sociales del actual gobierno, un millón de personas dejaron la pobreza extrema y pasaron a ser menos pobres lo que ha generado sarcásticas reacciones de diferentes sectores.
El debate sobre la evolución de la pobreza en Honduras ha escalado a un nuevo nivel de confrontación institucional, ya que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), acuso a Sosa de presentar cifras “alternativas” para maquillar la realidad social bajo el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
Sosa sostiene que la pobreza ha disminuido significativamente desde el inicio del actual gobierno. Según datos del INE: La pobreza general bajó de 73.6 % a 62.9 % (una reducción de 10.7 puntos porcentuales).
Asimismo, dijo que la pobreza extrema cayó de 53.7 % a 40.1 % (una mejora de 13.6 puntos), y en zonas rurales, la pobreza se redujo de 66.1 % a 50.5 % (15.6 puntos).
Por otra parte, menciono que, en áreas urbanas, pasó de 44.3 % a 32.5 % (11.8 puntos). Además, el número de hogares “no pobres” habría aumentado de 26.4 % a 37.1 %, lo que representa un salto de menos de dos millones a más de tres millones de personas fuera del umbral de pobreza.
Sosa ironizó: “Aquí está el millón que anda buscando el Cohep”, en referencia al señalamiento empresarial de que más de un millón de hondureños habrían caído en pobreza en los últimos cinco años.
Acusaciones cruzadas
El director del INE no se limitó a defender sus cifras. Acusó directamente al Cohep de manipular datos históricos, afirmando que en sus reportes de 2019 y 2021 se omitieron 433 mil y 365 mil personas respectivamente. “Yo me imagino que necesitaban cuadrar el millón y no les cuadraba”, dijo, sugiriendo una intención deliberada de distorsionar la narrativa.
Por su parte, el Cohep presentó un panorama sombrío:
- En 2019: 5.3 millones de pobres (3.7 millones en pobreza extrema).
- En 2021: 6.3 millones de pobres (5 millones en pobreza extrema).
- En 2024: 6.4 millones de pobres (4.1 millones en pobreza extrema).
La iniciativa privada atribuye el aumento a los efectos de la pandemia, los huracanes Eta e Iota, y una lenta recuperación económica.
El choque entre el INE y el Cohep revela una profunda fractura en la interpretación de los datos públicos.
Mientras el gobierno celebra avances en la reducción de la pobreza, el sector privado advierte retrocesos alarmantes. La diferencia no solo radica en los números, sino en la credibilidad de las fuentes y la metodología empleada.
Este conflicto pone en evidencia la necesidad de una auditoría técnica independiente que permita validar las cifras y reconstruir la confianza pública en las estadísticas oficiales.
En un país donde la pobreza afecta a más de la mitad de la población, la transparencia no puede ser una opción: debe ser una obligación.
