La vicepresidenta electa, María Antonieta Mejía, no descartó que el nuevo Congreso Nacional pueda considerar un juicio político contra el fiscal general, Johel Zelaya, en caso de que las acciones fiscales contra la institucionalidad electoral se profundicen.
Mejía denunció la instrumentalización de la justicia en el marco del proceso electoral y señaló que, pese a que todos los actores políticos se sometieron a las mismas reglas, se ha querido instalar un discurso de fraude electoral avalado por el fiscal general, Johel Zelaya.
La vicepresidenta electa recordó que las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, fueron objeto de amenazas durante todo el proceso electoral. “Ellas defendieron el proceso democrático con contundencia”, afirmó, al tiempo que advirtió que no le sorprendería que se intentaran realizar acciones fiscales en su contra.
Tras la declaratoria electoral, el Ministerio Público (MP) emitió un comunicado en el que reafirmó su intención de activar acciones relacionadas con presuntos delitos electorales, lo que ha generado tensiones entre las instituciones encargadas de garantizar la transparencia del proceso.
Mejía subrayó que durante la administración del presidente electo, Nasry Asfura, los poderes del Estado funcionarán con independencia, con el objetivo de mantener el equilibrio y el sistema de pesos y contrapesos.
Las declaraciones de la vicepresidenta electa se producen en un ambiente de alta sensibilidad política, marcado por cuestionamientos al proceso electoral y por la presión sobre las instituciones encargadas de velar por la legalidad y la democracia.
La posibilidad de un juicio político contra el fiscal general abre un nuevo capítulo en la relación entre el Congreso Nacional y el Ministerio Público.
La vicepresidenta electa advirtió que, si las acciones fiscales se convierten en un mecanismo de presión contra las instituciones democráticas, el Congreso Nacional podría abrir la discusión sobre un juicio político contra el fiscal general, lo que marcaría un nuevo capítulo en la relación entre los poderes del Estado.
Las declaraciones de Mejía se producen en un ambiente de tensión tras la declaratoria electoral, en el que el Ministerio Público ha anunciado la activación de procesos relacionados con presuntos delitos electorales.
