En la superficie, las estadísticas de criminalidad en Honduras pueden parecer simplemente números fríos y distantes. Sin embargo, detrás de esas cifras se esconde una compleja realidad marcada por la presencia y el control de estructuras criminales en diversas áreas del país.
Por el experto en seguridad, Juan Carlos Degrandez
En muchas de estas zonas controladas por el crimen organizado, las estadísticas oficiales pueden no reflejar con precisión la verdadera magnitud de la violencia y el delito, ya que las personas están sometidas al control y la influencia de las organizaciones criminales.
Hablar de 130 municipios con cero homicidios, nos deja mucho que pensar. Primero, es que hay 168 municipios con homicidios registrados. Segundo, se ha llegado a cero en municipios con alta incidencia en años anteriores o siguen siendo los mismos que mantenían números bajos o permanecieron en cero siempre, y tercero, si es que han bajado los homicidios, ¿bajan por el control territorial de las estructuras criminales?
En Honduras, como en otros países afectados por el crimen organizado, las estructuras criminales han establecido un control territorial en ciertas áreas del país. Estas zonas, conocidas como “territorios controlados”, son espacios donde las organizaciones criminales ejercen una influencia dominante, imponiendo su autoridad a través del miedo, la coerción y la violencia.
Dentro de estos territorios, las estructuras criminales pueden regular y controlar diversas actividades, incluyendo el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro, el desplazamiento forzado y el reclutamiento forzado, que usualmente obliga a los varones a sumarse como miembros de la estructura y a las niñas a explotarlas sexualmente, ya sea para un provecho económico u obligarlas a vivir como pareja con los miembros de mayor rango en la estructura criminal.
Paradójicamente, en muchos de estos territorios controlados por el crimen organizado, las tasas oficiales de criminalidad pueden ser sorprendentemente bajas. Esto se debe a que las estructuras criminales imponen un “orden” dentro de sus dominios, garantizando que los delitos sean castigados de manera rápida y severa.
Las personas que viven en estas áreas pueden sentirse relativamente seguras de sufrir robos o asaltos, ya que cualquier acto delictivo no autorizado por las organizaciones criminales puede ser castigado con violencia extrema, incluida la muerte, pero serán víctimas de delitos mencionados en el párrafo anterior.
El triunfalismo que se hace sentir en estadísticas no se siente en la población que sufre de la violencia día a día.
En el año 2023 se presentó por parte de las autoridades una tasa de homicidios del 31.44 por cada 100 mil habitantes, lo cual es bueno por la preservación de la vida de nuestros compatriotas. Sin embargo, la condición para preservar la vida en estas zonas representa la pérdida total de las libertades y vivir expuestas a la decisión de un criminal sobre el actuar de sus vidas y la de sus familias.
Esta aparente “seguridad” viene acompañada de un alto costo para la población civil. Aquellos que viven en territorios controlados por el crimen organizado están sometidos a un estado constante de intimidación y opresión.
El miedo a represalias por parte de las estructuras criminales limita la libertad de movimiento y la capacidad de denunciar delitos a las autoridades. Además, la extorsión y el reclutamiento forzado por parte de las organizaciones criminales son realidades cotidianas para muchos residentes de estas áreas.
La realidad detrás de las estadísticas de criminalidad en Honduras es compleja y multifacética. Si bien las cifras oficiales pueden proporcionar una visión general de la situación, es importante reconocer sus limitaciones en áreas controladas por el crimen organizado.
Las estadísticas pueden subestimar la verdadera magnitud de la violencia y el delito, así como el sufrimiento y la vulnerabilidad de la población civil.
Para abordar efectivamente el problema de la criminalidad en Honduras, es crucial ir más allá de las estadísticas y comprender la complejidad de la realidad en el terreno.
Esto implica no solo tomar medidas para combatir el crimen organizado y fortalecer las instituciones estatales, sino también abordar las causas subyacentes de la violencia y el descontento social que alimentan el control de las estructuras criminales en ciertas áreas del país.
La seguridad es un tema integral y no se logra como serendipia, se tiene que estudiar a fondo e invertir de forma correcta el millonario presupuesto asignado a este tema.
