Más de 10 mil demandas laborales por violación a derechos laborables se han presentado en contra del Estado hondureño en lo que va del periodo de gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya.
Las demandas podrían ser muchas más debido a que muchos de los expedientes contienen demandas colectivas de muchos ciudadanos.
Entre 2019 y 2024, el gobierno de Honduras ha pagado L 11,872.3 millones por demandas judiciales, un indicador de la dilapidación de fondos que pudieron destinarse a atender imperantes necesidades en sectores como salud, educación o seguridad, reveló la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El capítulo hondureño de Transparencia Internacional señaló que las demandas judiciales contra el Estado de Honduras se incrementaron de 3,266 en 2019 a 10,952 en 2023.
De un total de 29,640 registradas por la Secretaría de Finanzas entre 2019 a 2024, el 65 % corresponden a demandas laborales por despidos injustificados, remociones indebidas y malas prácticas, entre otras.
Los procesos contencioso-administrativos representan el 30 % del total de los procesos judiciales, en su mayoría por incumplimientos a los procesos administrativos a nivel central y 4 % responden a demandas civiles.
Al realizar un análisis minucioso sobre las instituciones demandadas, se puede concluir que todas las instituciones públicas tienen acciones incoadas por violar los derechos de los empleados.
Cabe señalar que el 82 % de la ejecución en gastos judiciales en los últimos cinco años se concentran en apenas siete instituciones: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (31%), Fondo Hondureño de Inversión Social (20%), Secretaría de Infraestructura y Transporte (10%), Secretaría de Finanzas (10%), Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (4%), Secretaría de Educación (3%) y Secretaría de Salud (3%).
Mora judicial
Este elevado número de demandas, sumado a las que ya conocían los Juzgados del Trabajo, sin lugar a dudas aumentará la mora judicial y dilatará el tiempo para dictar sentencias que, de ser condenatorias contra el Estado, traerán cantidades multimillonarias en contra de las finanzas públicas.
Al revisar los procedimientos que debe seguir un empleado despedido, este inicia con el proceso de conciliación en la Secretaría del Trabajo, la cual está tardando más de 30 días en fijar fecha. Si no hay acuerdo, pueden realizarse dos más, lo que en total podría añadir 60 o más días al proceso para agotar el proceso administrativo.
Dependiendo de la legislación que regule la relación laboral, los demandantes regidos por el Servicio Civil tienen de 15 a 30 días para acudir al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, mientras que el Código del Trabajo establece dos meses para presentar la demanda en los Juzgados de Letras del Trabajo.
El organismo judicial tiene 30 días para admitir la demanda, enviarla a subsanar o negarla. Luego inicia el proceso hasta llegar a la sentencia, que en promedio toma entre tres y cinco años, y más si se recurre a las instancias de alzada. Todos estos años corren en contra del Estado si es condenado, por lo que la mayoría de los demandantes que ganan sus procesos y los abogados reciben indemnizaciones millonarias.
Factores de despidos
Al dialogar con abogados laboralistas sobre por qué el Estado es condenado en tantas demandas, en su mayoría llegan a la conclusión de que hay dos factores:
La primera es que la mayoría de los casos los empleados son mal despedidos sin seguir el procedimiento establecido en las leyes y reglamentos y, además las cancelaciones responden a motivaciones políticas sectarias sin causales justificadas.
Una segunda causa que contribuye a que se cumpla la famosa frase “ganarle al Estado es más fácil que pegarle a un bolo” es que la mayoría de los apoderados legales de las instituciones no son laboralistas, no conocen la materia y muchas veces ni siquiera conocen los casos.
Además, los profesionales del derecho contratados tienen una alta carga de juicios, lo que les dificulta defender de la mejor manera a la administración pública.
