El Fiscal General de Honduras, Johel Antonio Zelaya, presentó este martes un requerimiento fiscal en el Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción contra el exministro de la Presidencia, Ebal Díaz, y una varios exfuncionarios del gobierno.

Este requerimiento se relaciona con el presunto fraude en el desarrollo del proyecto habitacional “Residencial Morazán”.
El exministro Díaz, quien presidió el consejo de administración del Instituto de la Propiedad (IP), es acusado de dirigir una estructura criminal que orquestó un fraude destinado al desarrollo de un proyecto habitacional que beneficiaría a más de 10 mil familias hondureñas.
Los imputados en este caso son: Zonia Margarita Morales (expresidenta de Coalianza), Lizeth Guadalupe Villatoro (delegada de una institución bancaria), Mario León Gómez (exfuncionario de la Secretaría de la Presidencia), Rolando Federico Poujol, Juan Ramón Cruz Carbajal, Edmundo del Carmen Cuadra.
Asimismo, José Fernando Cálix Bonilla, Myrna Isabel Mejía Flores, Dino Rieti, Francis Yamileth Rodríguez, Lis María Moncada Pineda, Luis Roberto Aparicio Godoy, Óscar Rolando Mendoza Cáceres y Tania Michelle Montoya.

Estos individuos, están vinculados a la unidad ejecutora y coordinadora de proyectos, enfrentan cargos por asociación para delinquir, fraude, violación a los deberes de los funcionarios y administración fraudulenta, entre otros. El ente acusador solicitó que se giren las respectivas órdenes de captura a nivel nacional e internacional y que se decreten alertas migratorias para los imputados.
El Fiscal General Zelaya destacó que el proyecto «Residencial Morazán» resultó en un fraude al Estado por un monto de 294 millones de lempiras. En sus declaraciones Zelaya subrayó la necesidad de justicia para el pueblo hondureño y aseguró que el Ministerio Público ha presentado pruebas suficientes para garantizar una condena contundente.
En relación con Ebal Díaz, quien reside actualmente en Nicaragua, Zelaya indicó que utilizará los medios diplomáticos necesarios para que Díaz comparezca ante la justicia hondureña.