El canciller Eduardo Enrique Reina, aseguró que Estados Unidos quería utilizar la extradición como un arma política contra la gente del gobierno y de Libre, por ello la presidenta Xiomara Castro decidió eliminarla.
Reina manifestó que la declaración de la embajadora estadounidense Laura Dogu en cuanto a señalar que el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, y el jefe de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, en cuanto a que estaban reunidos con un narcotraficante, en referencia al general venezolano Vladimir Padrino, fue el detonante, ya que podía ser utilizada contra ambos funcionarios.
El canciller denunció que informes de inteligencia militar indicaban que podía haber un “golpe de barracas” contra el general Hernández y que ello podía influir en las elecciones generales del próximo año.
Indicó que la presidenta Castro temía dicho “golpe de barracas” y que señaló “no vamos a permitir que se desestabilice a las Fuerzas Armadas y no vamos a permitir que se desestabilice el proceso electoral”.
Golpe de barracas es cuando un grupo de oficiales militares deponen al jefe de la institución armada, como ocurrió en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado.
Por ello, señaló Reina, se tomó la decisión de eliminar la extradición, para que no se utilice la extradición como arma política electoral, contra la institución y funcionarios del gobierno.
Indicó que se está a ocho días de la convocatoria del proceso electoral y las Fuerzas Armadas son el garante de las elecciones.
Reiteró que la información de inteligencia señala que algunos altos oficiales de las FFAA señalan que había que remover al general Hernández por su posible implicación en el narcotráfico.
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Indicó que se corría el riesgo que en el proceso electoral Estados Unidos podría solicitar la extradición de figuras del partido Libre o del jefe militar, algo que la presidenta Castro busca evitar.
El canciller Reina dijo que la decisión de eliminar la extradición ya fue comunicada y aclaró que la misma no debe ser ratificada por el Congreso Nacional, ya que es una potestad y prerrogativa exclusiva del Poder Ejecutivo que ejecuta la política exterior.
