El gobierno de la presidenta, Xiomara Castro ha nombrado ocho juntas interventoras en igual número de instituciones del Estado y ha sustituido a funcionarios mediocres que fueron nombrados anteriormente.
Estas juntas interventoras están integradas por altos funcionarios que reciben jugosos salarios, gastos de representación y otras prebendas.
Como si fuera poco, todas estas interventoras tienen un cheque en blanco para realizar contrataciones directas que no se publican en los portales de transparencia.
Sin embargo, estas juntas han sido objeto de críticas debido a la falta de transparencia en sus operaciones, especialmente en lo que respecta a las contrataciones directas que no son publicadas.
Desde el inicio del mandato de la presidenta Castro en enero de 2022, se han creado al menos ocho comisiones interventoras.
Estas comisiones han recibido críticas por operar con un “cheque en blanco”, permitiéndoles realizar contrataciones directas sin la debida publicación en los portales de transparencia.
Esto ha generado preocupaciones sobre la falta de supervisión y la posibilidad de corrupción.
La falta de transparencia en las contrataciones directas y la supervisión limitada de estas juntas interventoras han sido puntos de controversia, destacando la necesidad de una mayor rendición de cuentas y transparencia en la gestión pública.
Contrataciones directas
Las contrataciones directas realizadas por las juntas interventoras durante el gobierno de la mandataria Xiomara Castro han tenido varios impactos económicos significativos entre los cuales podemos mencionar, el aumento del gasto público, ya que las contrataciones directas suelen ser más costosas debido a la falta de competencia y transparencia. Esto puede llevar a un aumento en el gasto público, afectando el presupuesto nacional.
Asimismo, la falta de transparencia en estas contrataciones incrementa el riesgo de corrupción y malversación de fondos. Esto no solo afecta la economía, sino también la confianza pública en las instituciones.
Sumado a esto la percepción de falta de transparencia y corrupción puede desalentar la inversión privada, tanto nacional como extranjera, afectando el crecimiento económico a largo plazo.
Estos factores subrayan la importancia de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en las contrataciones públicas para asegurar un uso eficiente y ético de los recursos del Estado.
Seguro Social
La presidenta Castro, nombró recientemente, a la ministra de Salud, Carla Paredes, como presidenta de la nueva Junta Interventora para el Instituto Hondureño de Seguridad Social.
El Seguro social enfrenta una problemática de larga data, agravada durante la administración Castro tras el escándalo generado por el llamado “planillazo”.
En abril de este año, el entonces director del IHSS, Carlos Aguilar, denunció la importancia de este tema, calificándolo como un fraude significativo, del cual aún se desconoce el monto total saqueado. Las planillas fantasmas implicaban pagos a personas que se hacían pasar por médicos, presumiblemente con la complicidad de personal interno del Seguro Social, quienes formarían parte de redes de corrupción.
Instituto de la Propiedad, OABI y Servicio Civil
El gobierno a través de la Secretaría de Gobernación, juramentó a los tres integrantes de la comisión interventora para el Instituto de la Propiedad (IP).
La comisión interventora quedó integrada por Esdras Rafael Gutiérrez Ochoa, Jennifer Carolina Flores Tercero y Lenin Francisco Funes Luna.
El 7 de febrero de 2023, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, integró las comisiones que intervinieron la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y Servicio Civil.
En ese sentido, la comisión interventora OABI fue integrada por los abogados Hugo Suazo, Roger Mendoza y Rigoberto Portillo Mejía.
Mientras que en Servicio Civil la integran los abogados Sergio Coello, Amable de Jesús Hernández y Leny Aída Ordóñez.
Instituto Nacional Penitenciario
El 5 de julio de 2023, el ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, juramentó al comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Ramiro Muñoz Bonilla en el cargo de Comisionado Presidente de la Comisión de Intervención al Sistema Penitenciario.
El coronel Muñoz ha liderado las requisas en los recintos penales luego del traspaso de la Policía al Instituto Castrense. Las cárceles siguen militarizadas y enfrentan desafíos vinculados a derechos humanos, así como de esquemas que dejan sospechas.
Sistema Nacional de Emergencias 911
Miroslava Cerpas Hernández, fue nombrada presidenta de la Comisión Interventora de la Dirección del Sistema Nacional de Emergencia 911.
Cerpas Hernández fungió como subdirectora del Servicio Civil, pero salió por un escándalo en esa institución pública que tuvo que ser intervenida por el gobierno.
Por varios meses las cámaras del 911 estuvieron sin operar en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, La Ceiba y Copán.
Para noviembre del 2023 el Sistema 911 emitió la resolución SNE911-SG-003-2023, en la que adjudicó a la empresa Innova Solution SA de CV un millonario contrato de videovigilancia.
El contrato que se otorgó a esa empresa fue por casi 50 millones de lempiras. Debido a la falta de transparencia en la presentación de los resultados de la comisión interventora, expertos consideran que la comisión no ha logrado los resultados para lo que fue creada.
Por si fuera poco, el Sistema Nacional de Emergencias 911 adquirió nueve drones por más de 1.3 millones de lempiras cada uno.
El contrato de adjudicación a la empresa oferente de los vehículos aéreos no tripulados -HG Inversiones- fue por un monto total de 14,386, 500 lempiras.
Justo en esta compra del 911, otra empresa oferente presentó una oferta levemente más económica, de casi 100,000 lempiras menos, pero no fue aceptada por “una inobservancia en los precios de la oferta”.
El director de ASJ Carlos Hernández señaló que, con las juntas interventoras, son una especie de oportunidad para repartir el pastel de la administración pública entre más personas.
“En Honduras ha habido una caída muy fuerte de la administración pública, se ha ido degradando y las juntas interventoras es el resultado de la inoperancia, de la falta de capacidad, de la politización y al final, cuando una institución no cumple sus objetivos lo que se hace es que se nombran a tres (nuevos burócratas)”, señaló Hernández.
