El exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA Mike Vigil, realizó contundentes declaraciones sobre el tema de la extradición y el narcovideo que involucra a Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso Nacional y cuñado de la presidenta Xiomara Castro.
Vigil afirmó que el video en el que aparece Carlos Zelaya negociando con capos de la droga es una prueba irrefutable que podría llevar a su condena.
Según Vigil, este video también podría ser la razón detrás de la reciente denuncia del Tratado de Extradición por parte del gobierno hondureño. La anulación de este tratado, según Vigil, beneficiaría únicamente a los narcotraficantes y protegería a figuras cercanas al poder, como Zelaya.
“El gobierno jamás iban a anular el tratado de extradición, pero cuando comenzaron a salir nombres en el juicio de Juan Orlando Hernández, comenzaron a buscar un pretexto para un anular el tratado porque, ahora iba a tener un impacto en la familia de Xiomara Castro.
Vigil agregó que luego de la divulgación del narcovideo, el gobierno de Castro ahora está hablando de botar los militares que están en Palmerola.
Estos militares ayudan mucho a Honduras y también están combatiendo el narcotráfico Vigil se preguntó ¿Por qué quieren hacer eso? Al tiempo que agrego que la denuncia del Tratado de Extradición a los únicos que denuncia es a los narcotraficantes.
Para Vigil, la presidenta debería haber repudiado públicamente las acciones de Zelaya y asegurado al pueblo que no encubrirá a ningún familiar involucrado en actividades ilícitas.
En lugar de eso, las declaraciones de Castro desviaron la atención hacia otros miembros del Partido Nacional, eludiendo el escándalo que podría tambalear su gobierno.
Vigil también destacó que la participación de Zelaya en la reunión con narcotraficantes, a pesar de reconocer a varios de ellos, demuestra una falta de prudencia y lo compromete legalmente.
Según Vigil, la anulación del Tratado de Extradición es una táctica similar a la utilizada en Colombia durante la época de Pablo Escobar, donde se argumentaba que los funcionarios no podían ser extraditados porque estaban siendo investigados en su país.
