Fuertes críticas han generado las amenazas por parte del Sistema Nacional de Emergencia 911 contra el diario El Heraldo, luego que anunciará que interpondrá una querella contra este medio de comunicación, por revelar supuestos actos de corrupción en la adquisición de equipos para el proyecto “Seguridad al 100”, que incluye la instalación de 5,000 cámaras de vigilancia en todo el país.
Expertos consideran que esta decisión atenta contra la libertad de prensa y podría fomentar la autocensura en los medios de comunicación.
La polémica se centra en la transparencia y la idoneidad de las empresas involucradas en el proyecto, así como en la gestión de la comunicación por parte del SNE-911.
El SNE-911 acusa a El Heraldo de difundir información falsa y de causar daños a las empresas proveedoras del proyecto, afectando su prestigio comercial.
La institución ha solicitado al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) que se pronuncie sobre los daños que estas publicaciones han causado al sector privado.
Obligación o respaldo
Según denuncias anónimas de varios empleados del Sistema Nacional de Emergencias 911 (SNE-911), a fin del Partido Libertad y Refundación (Libre), expresaron su descontento ya que la junta interventora, los han obligado a comentar diversas publicaciones que critican la gestión del proyecto “Seguridad al 100”.
Según los empleados han sido presionados para interactuar en redes sociales y defender la transparencia del proyecto, a pesar de las acusaciones de corrupción y falta de transparencia en la adquisición de equipos.
Estas acciones han generado preocupaciones sobre la libertad de expresión y el ambiente laboral dentro del SNE-911.
Asimismo, los mismos empleados han denunciado hostigamiento y amenazas por parte de la junta interventora, lo que ha generado la polémica en torno a la gestión del proyecto.
Caso reciente
Empleados del 911 han denunciado presiones internas para favorecer al oficialismo en redes sociales, en un caso reciente, el periodista Leonardo Guevara, exempleado de la sala de comunicaciones del centro regional de Tela, Atlántida, fue despedido en circunstancias que él califica de políticas.
Guevara afirmó que los empleados son obligados a interactuar en publicaciones que beneficien al gobierno, especialmente en encuestas y comentarios en redes sociales.
“Nos presionaron para que participáramos en una encuesta publicada por un medio de comunicación”, denunció Guevara
El periodista también invitó a revisar las páginas de redes sociales donde, asegura, se pueden identificar claramente a los empleados obligados a comentar.
“Vaya a la página de Facebook, vea comentario por comentario y vea quién es quién comenta”, expresó.
