La Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ) denunció la criminalización de organizaciones de sociedad civil por parte del Gobierno, el Congreso Nacional, la Policía Nacional y el Ministerio Público.
Según la organización, estas instituciones buscan debilitar a los líderes sociales y ciudadanos que luchan contra la corrupción, defienden la democracia y exigen justicia.
La ACTJ señala que el comunicado SEDS No. 20-2025, emitido el 30 de marzo, establece medidas contra la toma de vías públicas, incluyendo la toma de fotografías y videos de quienes coordinen protestas, así como la posibilidad de librar órdenes de captura o proceder a detenciones en el acto.
Además, el 23 de abril, el presidente del Congreso Nacional introdujo una iniciativa de ley para crear una Comisión Especial que investigue a organizaciones que han ejecutado proyectos con fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
La propuesta toma como referencia declaraciones del magnate Elon Musk, quien calificó a la USAID como una “organización criminal”, a pesar de que la agencia cuenta con el respaldo de amplios sectores de la población estadounidense y ha desarrollado proyectos sociales de gran impacto.
La ACTJ advierte que estas acciones reflejan estrategias utilizadas por gobiernos autoritarios en la región, como los de Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua.
Según la organización, el poder político en Honduras está instrumentalizando las fuerzas de seguridad del Estado para fines personales y privados.
Asimismo, la reforma al artículo 34 de la Ley de Lavado de Activos sigue vigente, lo que permite clasificar como Personas Expuestas Políticamente a organizaciones de sociedad civil que administren fondos de cooperación externa y ejecuten proyectos de veeduría, investigación y análisis de la gestión pública.
Exigencias de la ACTJ
La organización demanda a los tres Poderes del Estado que pongan fin a la persecución política contra los sectores que luchan por la justicia, independientemente del partido que se encuentre en el poder.
Para la ACTJ, callar no es una opción ante los abusos del poder que atraviesa Honduras.
