La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su enérgico repudio ante la reciente ofensiva de las Fuerzas Armadas de Honduras contra periodistas y medios de comunicación independientes.
El pronunciamiento surge tras la publicación del 26 de mayo en el medio oficial FF.AA. Digital, donde se calificó a destacados periodistas como “sicarios de la verdad”, lo que la SIP considera un grave atentado contra la libertad de prensa y un intento de intimidación al periodismo crítico.
Entre los comunicadores señalados en la publicación figuran Rodrigo Wong Arévalo, director del programa Abriendo Brecha y propietario de Canal 10; Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces y reciente ganador del Premio Álvaro Contreras 2025; y Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).
El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, afirmó que “el acoso judicial y la estigmatización pública se han convertido en armas sistemáticas para intentar silenciar al periodismo, especialmente cuando se exponen actos de corrupción y abuso de poder”.
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La SIP instó a las autoridades hondureñas a garantizar la libertad de prensa y a cesar cualquier acción que busque intimidar o desacreditar a los medios de comunicación y periodistas independientes.
Este nuevo episodio de confrontación entre la prensa y el poder militar ha generado preocupación en diversos sectores nacionales e internacionales, que ven en estos ataques un retroceso en la democracia y el derecho a la información.
La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, también se pronunció: “No se trata solo de un agravio a tres periodistas, sino de un mensaje peligroso para toda la prensa crítica del país. Cuando las Fuerzas Armadas utilizan su aparato de comunicación para amedrentar, están sobrepasando los límites que deben respetar en una democracia, y ese tipo de conducta no puede normalizarse”.
En su escrito la SIP, recapitula que este nuevo episodio de confrontación entre las Fuerzas Armadas y la prensa se suma a los hechos ocurridos en febrero pasado, cuando el alto mando militar promovió acciones judiciales contra una docena de medios nacionales, buscando forzarlos a revelar sus fuentes informativas.
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Aquella embestida fue también condenada por la SIP como una violación a los principios fundamentales del periodismo y a los derechos constitucionales e internacionales que garantizan la confidencialidad de las fuentes.
