La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este lunes una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito de malversación de caudales público y violación de los deberes de funcionario público contra funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y una diputada del Congreso Nacional.
La denuncia, dirigida a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), fue acompañada con una petición ciudadana firmada por más de mil personas para exigir una investigación transparente, imparcial y diligente sobre el posible uso de fondos públicos con fines políticos.
Un análisis realizado por el centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de ASJ, establece la participación en la posible comisión de delitos contra la administración pública de Isis Cuéllar, diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre) por el departamento de Copán, y José Carlos Cardona, ministro de Sedesol; en relación con la entrega irregular de recursos públicos a personas vinculadas políticamente a la diputada Cuéllar y su uso para fines partidarios en Copán.
A través de documentos oficiales obtenidos por ALAC se verificó que entre octubre y diciembre de 2024, Sedesol entregó más de L 5.6 millones a 65 supuestos beneficiarios, bajo programas de emprendimiento, apoyo educativo y mejora de vivienda.
La mayoría de los cheques oscilaron entre L 100,000 y L 160,000, sin constar evaluaciones técnicas, sociales ni expedientes formales de respaldo. No obstante, documentos y testimonios indican que los fondos fueron utilizados para equipar coordinaciones políticas del Partido Libre en al menos 15 municipios de Copán, entregando carpas, sistemas de sonido, sillas y kits de sublimado, en clara desviación de su finalidad oficial.
ASJ indica además que al menos 19 de los beneficiarios tienen vínculos políticos o personales con la diputada Cuéllar, incluyendo candidatos a alcaldías, empleados públicos, contratistas y colaboradores cercanos.
Cabe señalar que los recursos, que presuntamente fueron utilizados con fines de clientelismo político, provienen del nuevo fondo departamental creado por el actual gobierno, el cual asciende a L 950,000,000.00 para 2025, que incluye un remanente correspondiente al ejercicio fiscal 2024.
“Los fondos fueron aplicados de forma distinta al objeto oficial para el que fueron autorizados. No se encontraron registros técnicos, estudios socioeconómicos, padrones validados ni mecanismos de verificación de la vulnerabilidad de los supuestos beneficiarios. La distribución de recursos presenta claros indicios de clientelismo político y utilización partidaria de programas sociales”, detalla la denuncia.
Los funcionarios involucrados incumplieron normas claras y obligatorias establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto y otras leyes, lo que no solo constituye una falta administrativa, sino también un posible indicio de dolo o negligencia grave. Al tratarse de regulaciones detalladas y con mecanismos institucionales para asegurar la trazabilidad del gasto público, no puede alegarse desconocimiento. La omisión de estos procedimientos y su reemplazo por prácticas opacas configura una conducta punible conforme al Código Penal, especialmente cuando hay daño al patrimonio del Estado y al interés público.
Bajo el mismo patrón se administraron casi L 3,000 millones en 2022, 2023 y 2024, distribuidos a más de 70 diputados del Congreso Nacional.
En tal sentido, ASJ pide al MP que admita la denuncia penal ante la UFERCO -o, en su defecto, la fiscalía que se designe para conocer el caso- e inicie una investigación formal e inmediata contra la diputada Isis Cuéllar y el ministro José Carlos Cardona, por los delitos de malversación de caudales públicos, uso indebido de bienes del Estado y violación de los deberes del funcionario público, conforme a los artículos 475, 476, 478 y 349-357 del Código Penal de Honduras.
