La periodista y aspirante a diputada por el Partido Liberal, Saraí Espinal, presentó este martes una denuncia formal ante el Ministerio Público (MP) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) contra el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Roosevelt Hernández Aguilar.
Los delitos señalados, contra el jerarca militar son de persecución política, abuso de autoridad, represalias institucionales y violencia con componentes de género.
Según el testimonio de Espinal: Desde el 9 de marzo de 2025, día de las elecciones primarias, ha sido víctima de hostigamiento sistemático por parte del alto mando militar.
Las represalias comenzaron tras emitir opiniones críticas en el marco de su labor periodística, amparada en el derecho a la libertad de expresión.
Como represalia directa, su esposo, el capitán José Coello, fue trasladado arbitrariamente a otro departamento y luego separado del servicio militar sin proceso administrativo ni justificación legal.
Espinal considera que esta acción busca debilitar su derecho a la participación política mediante intimidación y castigo indirecto a su entorno familiar.
Un patrón de hostilidad institucional
La periodista también denunció que el general Hernández mantiene un patrón de hostilidad hacia el gremio periodístico, lo que —según ella— viola los principios de legalidad, imparcialidad y neutralidad que deben regir a las Fuerzas Armadas.
A su juicio, esto representa un grave precedente de censura y uso indebido del poder público.
Implicaciones políticas y democráticas
Este caso no solo pone en tela de juicio la conducta de un alto mando militar, sino que también plantea interrogantes sobre el uso del aparato estatal para reprimir voces críticas y entorpecer la participación política de mujeres.
La denuncia de Espinal se da en un contexto de creciente tensión política, donde la militarización del poder civil y la violencia institucional amenazan con socavar los principios democráticos.
Espinal ha sido enfática: “Esta acción configura una clara persecución política hacia mi persona por mi participación en la vida política nacional”. Su denuncia no solo busca justicia personal, sino también visibilizar la violencia estructural que enfrentan las mujeres en política y en el periodismo.
La denuncia de Saraí Espinal es un llamado urgente a revisar los límites del poder militar en una democracia. Si se confirma que se utilizó la estructura castrense para castigar la disidencia y coartar la participación política, estaríamos ante un caso alarmante de militarización del poder civil.
El Ministerio Público y el Conadeh tienen ahora la responsabilidad de actuar con celeridad, imparcialidad y firmeza.
