Este martes el Movimiento Ciudadano Democrático interpuso dos denuncias penales contra el consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y los suplentes Karen Rodríguez y Carlos Cardona.
A los tres se les acusa de la presunta comisión continuada de graves delitos: violación de deberes de funcionario, sedición, traición a la patria y delitos electorales, con supuestos actos que afectan la administración pública y la seguridad del Estado.
De acuerdo con los denunciantes, los hechos más alarmantes ocurrieron el 7 de julio de 2025, cuando simpatizantes del partido Libertad y Refundación (LIBRE) bloquearon las instalaciones del CNE en el barrio San Felipe, impidiendo el desarrollo de la licitación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Además, se reportaron intimidaciones y amenazas contra el personal técnico, acompañadas del uso de instrumentos peligrosos, lo que forzó la suspensión de un acto clave para la transparencia del proceso electoral.
La denuncia no sólo se enfoca en la protesta externa, sino también en la omisión deliberada por parte de los funcionarios del CNE: falta de quórum, ausencia en sesiones convocadas y negativa a autorizar enmiendas o prórrogas necesarias para dar continuidad al cronograma electoral.
En palabras del Movimiento, esto configura una obstrucción directa que atenta contra la confianza ciudadana y el ejercicio democrático.
El fundamento legal invocado cita artículos constitucionales y penales, con sanciones que podrían alcanzar hasta 20 años de prisión, reflejando la seriedad con la que se está abordando esta denuncia.
Esta denuncia es un reflejo de los niveles de polarización y desconfianza que permeabilizan el sistema electoral hondureño.
De no manejarse con sensatez institucional y firmeza jurídica, podría derivar en un deterioro aún más profundo del proceso democrático y de la credibilidad ciudadana en sus representantes.
