La destitución del general Ramiro Muñoz como coordinador de la comisión interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) ha despertado una fuerte reacción por parte de la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, quien calificó la decisión como “abrupta” y carente de visión estratégica frente a los retos que enfrenta el sistema penitenciario hondureño.
Villanueva señaló que la salida de Muñoz representa un retroceso en los esfuerzos por transformar el sistema penitenciario.
“Es una decisión completamente fuera del enfoque integral de la necesidad urgente que ha habido de manejar, controlar y volver al sistema penitenciario en algo diferente”, expresó con tono crítico.
La funcionaria fue enfática al recordar que durante su breve administración del INP, logró detectar vínculos entre cuerpos policiales y estructuras criminales.
A su criterio, la llegada de Muñoz representó un punto de inflexión: introdujo medidas basadas en sus lineamientos para desarticular redes delictivas dentro de las cárceles, mostrando resultados tangibles en control y disciplina institucional.
Villanueva incluso fue más allá al afirmar que prefería trabajar con el general que con lo que ella llamó “lacras”, haciendo una dura referencia a la Policía Nacional y al ministro de Seguridad.
Con ello, la viceministra deja entrever una fractura interna en el equipo de seguridad del Estado, donde las diferencias sobre el rumbo estratégico del sistema penitenciario se han vuelto públicas y tensas.
La funcionaria advirtió que la remoción de Muñoz podría abrir las puertas a un resurgimiento de las “escuelas del crimen” dentro de los centros penales, dependiendo de quién lo sustituya y qué tipo de enfoque asuma. Además, alertó sobre el riesgo de que estructuras criminales retomen control si se abandona la línea de mando basada en legalidad y firmeza.
