La democracia hondureña enfrenta una nueva sacudida; Ana Paola Hall, consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), anunció este miércoles que pone a disposición su cargo, en medio de una profunda crisis institucional y un creciente debate legal sobre la legitimidad de las sesiones del pleno sin el quórum requerido.
“Hoy anuncio que estoy poniendo a disposición mi cargo, para que se inicien los procedimientos legales de sustitución que correspondan”, expresó Hall en un comunicado dirigido al pueblo hondureño.
La decisión de Hall se da tras semanas de tensiones internas en el CNE, marcadas por la ausencia reiterada del consejero Marlon Ochoa y la imposibilidad de sesionar legalmente. En su declaración, Hall fue enfática al advertir que cualquier intento de sesionar con solo dos consejeros propietarios —como han sugerido algunos sectores— sería ilegal y nulo de pleno derecho.
“Vulnerar el quórum que la ley electoral establece no sólo puede implicar consecuencias penales, sino que no resuelve absolutamente nada: todas las decisiones que ahí se pudieran adoptar son nulas”, advirtió Hall.
¿Renuncia por principios o presión política?
La renuncia de Hall no puede entenderse como un simple acto administrativo. Es, en esencia, una denuncia institucional.
Su decisión pone en evidencia la fragilidad del CNE y la creciente presión política que enfrentan sus miembros. En su carta, Hall menciona haber sido objeto de “constantes actos de irrespeto y presión pública de lado y lado”, lo que sugiere que su salida fue precipitada por un entorno hostil y polarizado.
Más allá de lo personal, su renuncia plantea un dilema jurídico y político: ¿puede el CNE seguir operando sin el quórum legal? ¿Y qué consecuencias tendría para el proceso electoral si se toman decisiones en ese contexto?
Hall rechaza lo que llama el “camino fácil” de quebrantar la ley para mantener el calendario electoral. Su postura, aunque legalmente sólida, también deja al país en una encrucijada: sin su presencia, el CNE queda paralizado, y con ello, el proceso electoral del 30 de noviembre entra en zona de riesgo.
¿Qué está en juego?
La salida de Hall deja al CNE con solo dos consejeros propietarios activos, lo que impide legalmente la toma de decisiones clave como la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), la impresión de papeletas y la organización logística de los comicios.
Su advertencia sobre la ilegalidad de sesionar sin quórum también pone en jaque a quienes han sugerido avanzar con suplentes o con mayoría simple. De hacerlo, se abriría la puerta a impugnaciones legales que podrían anular decisiones fundamentales del proceso electoral.
¿Colapso institucional o oportunidad de corrección?
La renuncia de Ana Paola Hall es un llamado de alerta. No solo sobre la legalidad del funcionamiento del CNE, sino sobre el estado general de la democracia hondureña.
Su salida puede ser vista como una derrota institucional, pero también como una oportunidad para que los partidos políticos —especialmente el Partido Liberal, responsable de su sustitución— actúen con responsabilidad y altura de miras.
El país no puede permitirse elecciones cuestionadas ni un órgano electoral fracturado. La democracia no se sostiene con atajos ni con presiones, sino con legalidad, transparencia y respeto a las reglas del juego.
