En un acto que ha generado controversia regional, varios funcionarios del gobierno hondureño participaron en la conmemoración del 46 aniversario de la revolución sandinista en Nicaragua, donde el presidente, Daniel Ortega pidió públicamente la disolución de las Naciones Unidas, calificándola como una entidad que “no sirve para nada”.
Entre los representantes hondureños estuvieron el vicecanciller Gerardo Torres, el director del Fondo Social para la Vivienda (FOSOVI), Gilberto Ríos, y la diputada oficialista Silvia Ayala.
Su presencia en el evento, donde Ortega arremetió contra la ONU, Estados Unidos, Europa e Israel, ha sido interpretada por analistas como una señal de respaldo tácito a un discurso que atenta contra el multilateralismo y los principios de la diplomacia internacional.
Durante su intervención, Ortega acusó a la ONU de ser un instrumento de los países imperialistas y exigió su desaparición para dar paso a una nueva organización que, según él, “dé seguridad a los pueblos”. También lanzó duras críticas contra la política migratoria de EE. UU. y defendió a sus aliados Rusia, China y Palestina.
Lo que más ha llamado la atención es el silencio del gobierno hondureño ante estas declaraciones. Hasta el momento, ni la Cancillería ni Casa Presidencial han emitido una postura oficial, lo que ha generado cuestionamientos sobre la línea diplomática que sigue la administración de Xiomara Castro respecto a regímenes autoritarios de la región.
La participación de funcionarios hondureños en este tipo de actos no es nueva, pero sí cada vez más frecuente. En 2022, la presidenta Castro ya había enviado un reconocimiento a Ortega por su “apoyo a la democracia”, lo que fue duramente criticado por sectores nacionales e internacionales.
