La democracia hondureña enfrenta un nuevo episodio de incertidumbre institucional. Ana Paola Hall, consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), presentará su renuncia condicionada, según confirmó el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla.
La decisión, que ha generado un fuerte impacto político, se da en un contexto de presiones, amenazas y denuncias de manipulación dentro del órgano electoral.
Nasralla explicó que la renuncia de Hall será efectiva únicamente cuando el Congreso Nacional elija a un nuevo consejero propietario nominado por el Partido Liberal y con su visto bueno como candidato presidencial.
La carta será presentada ante la Secretaría General del Congreso, pero no se ejecutará hasta que se cumplan esas condiciones.
El comunicado del Partido Liberal denuncia que Hall ha sido víctima de presiones políticas, amenazas personales y familiares, y decisiones administrativas tomadas “al margen de la legalidad”.
Nasralla advirtió que esta situación representa una amenaza directa al proceso electoral de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.
La renuncia condicionada de Ana Paola Hall no es solo un acto administrativo: es un síntoma de una crisis institucional profunda. Que una alta funcionaria electoral se vea forzada a dejar su cargo por amenazas y presiones políticas revela el grado de deterioro democrático que enfrenta Honduras.
El CNE, órgano clave para garantizar elecciones libres y transparentes, se encuentra ahora en una situación de vulnerabilidad. La falta de quórum, la politización de sus decisiones y la presión externa sobre sus miembros comprometen la legitimidad del proceso electoral.
La renuncia de Hall, lejos de resolver la crisis, la profundiza. Además, el hecho de que la renuncia esté condicionada a la aprobación de un nuevo consejero con el aval del candidato presidencial liberal plantea serias dudas sobre la independencia del órgano electoral.
La democracia no se construye con amenazas ni con renuncias forzadas. Si el proceso electoral de 2025 quiere ser legítimo, debe garantizarse la independencia plena del CNE, la protección de sus miembros y el respeto a la ley.
La salida de Ana Paola Hall debe ser investigada con seriedad, y no puede convertirse en una ficha más del ajedrez político.
