El Ministerio Público admitió este lunes la denuncia presentada contra Marlon Ochoa, señalándole por presuntos delitos electorales y traición a la patria.
La acusación, presentada por movimientos ciudadanos y representantes del Partido Liberal, señala a Ochoa por supuestamente obstruir el cronograma electoral y vulnerar la soberanía nacional.
El Ministerio Público, a través de su Unidad Especializada Contra Delitos Electorales, confirmó que el caso ha entrado en etapa preliminar de investigación.
Fiscales se presentaron este lunes en la sede del CNE para retirar documentación clave relacionada con las presuntas irregularidades cometidas por Ochoa y otros funcionarios del órgano electoral.
La denuncia también incluye a los consejeros suplentes Carlos Cardona y Karen Rodríguez, así como al dirigente político Melvin Ceballos, por su presunta participación en actos que habrían entorpecido la recepción de ofertas para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), un componente esencial para garantizar la transparencia de los comicios de noviembre.
La admisión de esta denuncia no solo marca un punto de inflexión en la crisis del CNE, sino que también expone el nivel de descomposición institucional que amenaza con deslegitimar el proceso electoral de 2025.
Que un consejero propietario sea acusado de traición a la patria por obstaculizar el desarrollo del cronograma electoral es un hecho sin precedentes en la historia democrática reciente del país.
Más preocupante aún es la denuncia de la abogada y exfiscal Nilia Ramos, quien criticó que el Ministerio Público obligara a los denunciantes a firmar un documento advirtiéndoles que podrían ser encarcelados si sus acusaciones resultaban falsas.
Esta práctica, calificada como “inaceptable” por Ramos, podría tener un efecto inhibidor sobre el derecho ciudadano a denunciar actos de corrupción o abuso de poder.
La situación del CNE, ya debilitado por la renuncia condicionada de Ana Paola Hall, se agrava con este nuevo escándalo. La falta de quórum, las ausencias sistemáticas de Ochoa y las denuncias de manipulación política convierten al órgano electoral en un campo de batalla partidario, cuando debería ser un garante neutral del proceso democrático.
La admisión de la denuncia contra Marlon Ochoa es un paso necesario, pero no suficiente. El Ministerio Público debe actuar con independencia, celeridad y transparencia para esclarecer los hechos y garantizar que el proceso electoral no sea secuestrado por intereses particulares. La democracia hondureña no puede permitirse otro proceso viciado desde su raíz.
