El director del Instituto de la Propiedad (IP), Francisco Bocanegra, se presentó este lunes ante el Ministerio Público para entregar una serie de documentos que, según él, prueban un presunto despilfarro de más de 12 mil millones de lempiras en fideicomisos estatales.
Bocanegra denunció que, pese a la prohibición expresa establecida en el decreto presidencial 66-2022 —emitido por la presidenta Xiomara Castro para frenar el uso de estos fondos—, se continuaron firmando contratos y convenios con ONGs y empresas fantasmas.
“Ese fue el modus operandi de una organización criminal para drenar y despilfarrar recursos públicos”, afirmó el funcionario, señalando que los fondos fueron canalizados a través de estructuras diseñadas para facilitar el desvío de dinero estatal.
El director del IP aseguró que la documentación entregada al Ministerio Público contiene evidencia suficiente para que se presenten requerimientos fiscales y se deduzcan responsabilidades penales. “Nos vamos de frente con la autoridad de investigación para que puedan observar, analizar y actuar”, declaró Bocanegra.
La denuncia presentada por el director del IP pone en evidencia una de las prácticas más corrosivas del aparato estatal: el uso de fideicomisos como vehículos opacos para el desvío de fondos públicos.
Lo más alarmante no es solo la magnitud del presunto desfalco —12 mil millones de lempiras— sino el hecho de que estas operaciones continuaron incluso después de una prohibición presidencial explícita.
Esto plantea preguntas urgentes: ¿quiénes permitieron que se siguieran firmando contratos ilegales? ¿Qué instituciones fallaron en su deber de fiscalización? ¿Y por qué, si ya existía un decreto, no se activaron mecanismos de control más estrictos?
Además, la denuncia de Bocanegra sugiere la existencia de una red criminal organizada dentro del Estado, lo que eleva este caso de un simple acto de corrupción a una amenaza estructural contra la gobernabilidad. Si se confirma la participación de ONGs y empresas fantasmas, estaríamos ante un esquema de saqueo institucionalizado que requiere una respuesta contundente y ejemplar.
La entrega de pruebas por parte del director del IP debe marcar el inicio de una investigación seria, independiente y sin privilegios. El Ministerio Público tiene ahora la responsabilidad de actuar con celeridad y transparencia. Porque si el Estado no puede proteger sus propios recursos, ¿cómo puede proteger a su pueblo?
