Por ICN Investiga. A pesar de que la ley hondureña prohíbe a los diputados gestionar directamente proyectos de infraestructura, el congresista oficialista Jari Dixon ha manejado más de 4.1 millones de lempiras en fondos públicos provenientes de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD).
Según se informó hay una serie de obras sociales que, lejos de beneficiar a las comunidades, se han convertido en símbolos de simulación, abandono y posible corrupción.
Uno de los casos más alarmantes es el del campo de fútbol de Los Portillos, en Sabana Grande, Francisco Morazán. Con una inversión de 381,900 lempiras, la comunidad esperaba mejoras sustanciales.
En cambio, recibió un terreno destruido, con grietas, cráteres y neumáticos abandonados. “Lo dejaron peor de lo que estaba”, denunció un vecino. La maquinaria llegó un solo día y nunca volvió. El proyecto, ejecutado por la ONG Hondupaz, fue una farsa.
Este patrón se repite en otras comunidades. En la colonia El Pedregal, se destinaron 822,043 lempiras para un supuesto techado del centro de salud.
El techo ya existía; lo que se construyó fue una galera sin canaletas y con piso de tierra, que se inunda con cada lluvia.
En La Cuesta II, se gastaron 50,380 lempiras en unas gradas construidas sin consulta previa. En Nueva Esperanza, un techo comunal de 540,076 lempiras genera dudas por su calidad y costo.
En El Tizatillo, un tramo de concreto hidráulico financiado por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) está completamente paralizado. No hay maquinaria, ni trabajadores, solo montones de tierra y calles destruidas.
Este modus operandi no es exclusivo de Dixon. Forma parte de un patrón más amplio dentro del oficialismo. Aunque el Presupuesto General 2023–2025 asigna 950 millones de lempiras anuales para obras sociales ejecutadas por el Ejecutivo a través de ONGs, varios diputados del partido Libre han gestionado directamente estos fondos, sin respaldo legal.
El presidente del Congreso, Luis Redondo, ha sido señalado como facilitador de estos desembolsos irregulares.
El caso de la diputada Isis Cuéllar, quien gestionó 37.5 millones de lempiras, de los cuales al menos seis millones carecen de documentación, es otro ejemplo de esta preocupante tendencia.
La gestión de Jari Dixon, marcada por obras simuladas, mal ejecutadas o abandonadas, refleja una peligrosa desviación del deber público. Mientras las comunidades siguen esperando soluciones reales, los fondos públicos se diluyen en proyectos fantasmas y promesas incumplidas.
