La reciente decisión de la Corte Federal del Distrito Norte de California de extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos hondureños hasta el 18 de noviembre de 2025 ha sido celebrada como una victoria para la comunidad migrante.
Sin embargo, expertos en temas migratorios han dejado claro que este avance no es resultado de gestiones del gobierno hondureño, sino de la lucha organizada de los propios migrantes.
El analista Graco Pérez fue contundente al afirmar que la ampliación del TPS fue impulsada por asociaciones de migrantes hondureños, quienes presentaron el caso ante la corte estadounidense. “Esto fue presentado por los migrantes, no por el Gobierno de la República”, subrayó Pérez, dejando en evidencia la ausencia de liderazgo diplomático y político por parte del Estado hondureño en la defensa de sus ciudadanos en el exterior.
Pérez también advirtió que esta ampliación es provisional, ya que la Corte aún debe emitir un fallo definitivo. Además, el gobierno de Estados Unidos podría apelar ante la Corte Suprema, lo que pondría nuevamente en riesgo el estatus migratorio de miles de hondureños.
“Esto ya le sucedió a Venezuela, y podría repetirse en el caso de Honduras”, alertó el experto.
Consulados ineficientes y abandono institucional
Más allá del TPS, la situación de los hondureños en el extranjero sigue siendo crítica. A casi cuatro años de gobierno, los consulados hondureños continúan siendo señalados por su ineficiencia, falta de personal y maltrato a los usuarios.
Pérez lamentó que no se haya mejorado la atención consular ni se haya defendido activamente el TPS desde las instancias oficiales.
A pesar de esto, el excanciller Enrique Reina, la presidenta Xiomara Castro y el Canciller Javier Bú Soto, celebraron en redes sociales la decisión de la Corte como una “buena noticia”, omitiendo el hecho de que la acción legal fue impulsada por la sociedad civil migrante y no por el aparato diplomático del Estado.
La ampliación del TPS es una muestra del poder de la organización ciudadana, pero también una radiografía del abandono institucional. Mientras los migrantes hondureños luchan por sus derechos en tribunales extranjeros, el gobierno se limita a reaccionar y capitalizar políticamente los logros ajenos.
La verdadera defensa de los derechos migrantes no se hace con tuits, sino con presencia diplomática activa, atención consular digna y políticas públicas que reconozcan el valor y la vulnerabilidad de quienes han tenido que abandonar el país.
