En una declaración que ha generado controversia y cuestionamientos sobre la soberanía nacional, el vicecanciller Gerardo Torres afirmó este viernes que los radares que controlan el espacio aéreo hondureño para el combate al narcotráfico son manejados por Estados Unidos, específicamente desde la base de Cayo Bueso.
La afirmación surge en respuesta a las declaraciones de la fiscal estadounidense Pam Bondi, quien denunció presuntos pagos para permitir el uso del espacio aéreo hondureño en operaciones de narcotráfico.
Torres calificó de “extrañas” dichas acusaciones, argumentando que el control de los radares no está en manos del gobierno hondureño, sino bajo supervisión estadounidense.
Además, el vicecanciller señaló que la Fiscalía General de EE.UU. no tiene personal acreditado en Honduras, a diferencia de otras agencias como la DEA, lo que —según él— pone en duda la legitimidad de las declaraciones de Bondi.
Citó al exjefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, quien afirmó que los narcotraficantes utilizan vuelos irregulares, lo que dificulta el uso formal del espacio aéreo para el trasiego de drogas.
Sin embargo, esta postura ha sido interpretada por analistas como una admisión preocupante de dependencia operativa, que pone en tela de juicio la capacidad del Estado hondureño para ejercer control sobre su propio territorio.
En un contexto donde Honduras ha sido señalado como corredor estratégico del narcotráfico, la falta de autonomía en el monitoreo aéreo representa un vacío institucional grave.
A nivel político, el gobierno de Xiomara Castro ha rechazado categóricamente las acusaciones de Bondi, calificándolas como parte de una campaña desestabilizadora que busca vincular al país con redes criminales para atacar directamente a la presidenta y al coordinador del partido Libre, Manuel Zelaya.
La contradicción entre funcionarios hondureños también ha salido a la luz. Mientras Torres niega haber recibido información oficial de EE.UU. sobre amenazas de seguridad, el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Godoy, confirmó que la advertencia provino directamente del FBI, evidenciando una falta de coordinación institucional en temas de seguridad nacional.
Este episodio revela una preocupante fragilidad en la gestión del espacio aéreo y en la relación bilateral con Estados Unidos, donde la cooperación parece haber derivado en cesión de funciones clave, sin una supervisión clara ni rendición de cuentas ante el pueblo hondureño.
