Un fallo del Noveno Circuito de Apelaciones en California autorizó al gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, a cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 60,000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal.
La medida, que entrará en vigor el próximo 8 de septiembre, representa un duro revés para miles de familias migrantes y plantea serios desafíos para Honduras en términos humanitarios, económicos y diplomáticos.
El fallo judicial revoca una orden previa que permitía a los beneficiarios continuar bajo protección contra la deportación.
En el caso de Honduras, más de 50,000 ciudadanos que han vivido legalmente en EE. UU. por más de 26 años —tras el huracán Mitch— perderán su estatus migratorio y autorización de trabajo en apenas 60 días.
La medida también afecta a cerca de 3,000 nicaragüenses y miles de nepalíes.
La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, justificó la decisión como parte de un esfuerzo por “restaurar la integridad” del sistema migratorio, alegando que el TPS fue malinterpretado como un mecanismo de asilo permanente.
Sin embargo, organizaciones de derechos civiles como la ACLU y la Alianza TPS han denunciado la cancelación como parte de una “campaña coordinada” para despojar de estatus legal a inmigrantes no ciudadanos, señalando incluso motivaciones de “animosidad racial”.
Impacto económico
Honduras en la cuerda floja La cancelación del TPS no solo representa una crisis humanitaria, sino también un golpe económico para Honduras. Las remesas enviadas por los tepesianos constituyen la principal fuente de divisas del país.
Solo en los primeros siete meses de 2025, el Banco Central de Honduras reportó ingresos por más de 1,374 millones de dólares, superando los 5,520 millones del mismo periodo en 2024.
La pérdida de estatus migratorio amenaza con interrumpir este flujo vital de recursos.
Responsabilidad compartida
¿Error diplomático de Honduras? Líderes proinmigrantes han señalado que la administración de la presidenta Xiomara Castro contribuyó indirectamente a la cancelación del TPS.
Su retórica confrontativa hacia Washington, el anuncio de cancelar el acuerdo de extradición y la amenaza de cerrar la base aérea de Palmerola han sido interpretados como gestos hostiles que deterioraron las relaciones bilaterales.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, lamentó que “la mala política de la presidenta Xiomara ha llevado a que las decisiones tomadas por las autoridades estadounidenses vayan en contra de los migrantes”.
Miles de familias en riesgo
Jessica Bansal, abogada de NDLON, advirtió que el fin del TPS afectará a decenas de miles de familias, incluyendo a más de 40,000 hijos ciudadanos estadounidenses de beneficiarios hondureños. La incertidumbre migratoria se convierte así en una amenaza directa al tejido social de comunidades binacionales.
La cancelación del TPS para hondureños no es solo una decisión administrativa: es una sentencia de vulnerabilidad para miles de personas que han construido vidas, familias y economías en Estados Unidos.
El fallo judicial refleja una política migratoria cada vez más restrictiva, mientras que la respuesta diplomática de Honduras ha sido, como mínimo, insuficiente. En este contexto, urge una estrategia nacional que defienda los derechos de los migrantes, fortalezca las relaciones exteriores y reconozca el papel fundamental que los tepesianos juegan en la estabilidad económica y social del país.
