El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, cuestionó duramente al gobierno de Libertad y Refundación (Libre) por mantener vigente el cobro de la Tasa de Seguridad Poblacional, a pesar de haber derogado el fideicomiso que administraba sus fondos.
Según el congresista, esta contradicción entre el discurso oficialista y la práctica fiscal actual representa una falta de transparencia y un incumplimiento de promesas de campaña.
Zambrano afirmó que “todos los que utilizamos el sistema financiero pagamos la Tasa de Seguridad”, y que los recursos siguen siendo recaudados sin que exista claridad sobre su destino.
Durante la campaña electoral, Libre prometió eliminar la Tasa de Seguridad por considerarla regresiva y opaca. Sin embargo, tres años y medio después de asumir el poder, el impuesto sigue vigente y, según Zambrano, “nadie sabe en qué se utilizan los fondos”.
En administraciones anteriores, el fideicomiso contaba con un comité técnico que supervisaba el uso de los recursos.
Aunque este mecanismo fue objeto de críticas por corrupción, el diputado sostiene que al menos existía una estructura de rendición de cuentas: “Allí estaban las cuentas, las contrataciones y el uso que se dio a la Tasa de Seguridad”.
Rendición de cuentas y justicia
Zambrano insistió en que la rendición de cuentas debe ser exigida tanto a gobiernos pasados como actuales. En ese sentido, recordó que, si alguien actúa al margen de la ley, debe ser llevado ante los tribunales, incluso en el contexto de acuerdos judiciales en el extranjero.
Este comentario se da en medio de investigaciones internacionales sobre el manejo de la Tasa de Seguridad, incluyendo el juicio en Estados Unidos contra el excoordinador del fideicomiso, Juan Ramón Molina, acusado de lavado de activos y fraude.
Se espera que en ese proceso se revelen nombres de empresarios y políticos hondureños vinculados a actos de corrupción.
¿Y ahora qué?
La continuidad del impuesto sin un marco claro de administración plantea serias dudas sobre la gestión pública y la voluntad política de reformar estructuras heredadas. Aunque el fideicomiso fue eliminado, el problema de fondo —la opacidad en el uso de recursos para seguridad— persiste.
La ciudadanía sigue pagando un impuesto cuyo destino es incierto, mientras el país enfrenta desafíos graves en materia de seguridad, justicia y confianza institucional.
La rendición de cuentas no puede ser selectiva ni postergada: debe ser una exigencia permanente.
