Este lunes 8 de septiembre marca el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 50 mil hondureños en Estados Unidos, una decisión que ha generado alarma entre las comunidades migrantes, analistas y defensores de derechos humanos.
La medida, ratificada por una corte de apelaciones en California, deja a miles de familias en situación de vulnerabilidad legal, económica y emocional.
Su cancelación implica que, desde mañana, los beneficiarios perderán su estatus legal, quedando expuestos a procesos de deportación, pérdida de empleo, seguro médico y otros derechos adquiridos.
Escenarios posibles para los afectados
Deportación acelerada: El nombramiento de jueces sin experiencia migratoria podría agilizar los procesos de expulsión.
Desempleo masivo: Empresas han comenzado a despedir a trabajadores tepesianos para evitar sanciones legales.
Retorno forzado: Honduras, según expertos, no está preparada para recibir a decenas de miles de retornados, lo que podría agravar las crisis en salud, empleo y seguridad.
Desarraigo familiar: Niños nacidos en EE. UU. enfrentarán una adaptación difícil si sus padres son deportados.
¿Por qué se canceló el TPS?
La decisión responde a una política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, quien desde julio anunció la terminación del programa. Aunque una jueza federal había frenado temporalmente la medida, una apelación de emergencia reactivó la orden de cancelación.
Analistas también señalan que la falta de acción diplomática por parte del Gobierno de Honduras contribuyó al desenlace. La confrontación con EE. UU. y el acercamiento a países como Venezuela y China habrían deteriorado las relaciones bilaterales, afectando la defensa del TPS.
Organizaciones migrantes han realizado vigilias y protestas en EE. UU. para visibilizar la angustia de los tepesianos. El Conadeh y expertos en derecho internacional han instado al Estado hondureño a brindar apoyo consular y jurídico inmediato.
“La situación es crítica. Nunca los hondureños en EE. UU. han estado en tanta incertidumbre, temor y discriminación como ahora”, declaró Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana.
Aunque el TPS vence mañana, una audiencia judicial prevista para el 18 de noviembre podría reconsiderar su extensión. Sin embargo, las expectativas son bajas y el impacto inmediato será devastador para miles de familias.
Esta semana será decisiva. El país enfrenta no solo el retorno de sus ciudadanos, sino también el reto de responder con dignidad, justicia y humanidad a una crisis que trasciende fronteras.
