La ministra de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Mirtha Gutiérrez, confirmó este miércoles que entre 40 y 50 diputados del Congreso Nacional gestionaron más de 200 millones de lempiras entre los años 2023 y 2024 mediante el “Fondo de Ayuda Social”, una herramienta destinada a canalizar recursos hacia proyectos comunitarios y asistencia social.
Según Gutiérrez, los parlamentarios que gestionaron estos fondos pertenecen a diversas fuerzas políticas, incluyendo el Partido Liberal, Partido Nacional, Partido Salvador de Honduras (PSH), Democracia Cristiana y el oficialista LIBRE. “Ellos gestionaron los fondos y las instituciones ejecutoras lo hemos hecho”, aclaró la funcionaria.
La ministra explicó que la investigación sobre el manejo de estos recursos se desarrolla en dos etapas:
Primera etapa: Inició con el caso de Copán, tras la filtración de un video que involucraba a la diputada Isis Cuéllar y al exministro José Carlos Cardona, donde se discutía el uso de fondos públicos presuntamente para fines políticos.
Segunda etapa: Se amplió a una auditoría completa del fondo entre 2023 y 2024, incluyendo la lista de diputados que gestionaron recursos desde el Congreso Nacional.
Gutiérrez enfatizó que los fondos no fueron ejecutados directamente por los diputados, sino que fueron consignados a personas jurídicas o naturales que solicitaron ayuda social conforme al reglamento vigente en ese momento.
La titular de SEDESOL aseguró que todos los requerimientos solicitados por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Secretaría de Transparencia y el Ministerio Público han sido entregados en tiempo y forma. “Hemos sido colaborativos y transparentes en el término de rendir la información”, afirmó.
Además, reveló que algunos funcionarios de la institución ya enfrentaron audiencias de descargo y fueron separados de sus cargos como parte del proceso interno de depuración.
Gutiérrez detalló que en 2024 se gestionaron aproximadamente 100 millones de lempiras, mientras que en 2023 la cifra fue “un poco más”. Actualmente, el fondo se encuentra en proceso de cierre, aunque algunos proyectos siguen en ejecución conforme a lo planificado.
Este caso pone bajo la lupa el uso de fondos públicos en Honduras y abre un debate sobre la transparencia en la gestión legislativa. Las investigaciones continúan, y se espera que los entes auditores determinen posibles responsabilidades administrativas o penales en los próximos meses.
