El Ministerio Público presentó este martes un requerimiento fiscal contra funcionarios, exfuncionarios y particulares vinculados a una presunta red de corrupción que operó en la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula entre julio de 2023 y abril de 2024.
El perjuicio económico asciende a más de 45.5 millones de lempiras, producto de la suscripción de 33 contratos fraudulentos con la empresa Constructora HERCOD S. de R.L., destinados al mejoramiento vial.
Entre los acusados figuran: Luis Fernando Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega, representante legal de HERCOD, Steven Adolfo Fajardo Vargas, yerno del actual alcalde municipal, Josué David Fajardo Hernández, tío de Steve Fajardo.
Asimismo, el empresario, José Antonio Juárez Pereira, Henry Geovanny Guzmán Girón, Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Malcos Jonathan Morales Corea.
Funcionarios y exfuncionarios municipales: Osman David Chávez Orellana, exgerente de Infraestructura, Denis Jamil Paz Martínez, técnico, Alejandra Eunice Amaya Barnica, técnica, Marlen Mena Gómez, exgerente financiera, Xavier Lacayo Delgadillo, tesorero municipal, Luis Enrique Saa, director de proyectos y Walter Cartagena Villagra, exdirector de Vías
Según informó el Ministerio Público, los cargos incluyen los delitos de Violación de los deberes de los funcionarios, fraude, tráfico de influencias y lavado de activos.
Las investigaciones revelan que los contratos fueron fragmentados deliberadamente para evitar procesos de licitación pública. De los 33 contratos, 26 fueron adjudicados por contratación directa y 7 por licitación privada, sin cumplir requisitos esenciales como garantías de anticipo ni nóminas técnicas.
Además, se comprobó que HERCOD no presentó informes de avance ni de finalización de obras, algunos contratos no especificaban ubicación de los tramos a reparar y proyectos como la rehabilitación de carreteras en el Merendón y un complejo deportivo nunca se ejecutaron.
El esquema de corrupción culminó en operaciones de lavado de dinero. Una vez pagados los contratos, Olga Ávila Ortega transfirió fondos a cuentas compartidas con su esposo.
Luego, Luis Hernández Portillo realizó transferencias por más de L 5.9 millones a Josué Fajardo, quien entregaba el dinero en efectivo a Steve Fajardo, con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los recursos.
Aunque no era funcionario, Steve Fajardo sostuvo reuniones con el entonces gerente de Infraestructura y empresarios que simularon competir como oferentes. También se identificaron vínculos societarios entre Hernández Portillo y familiares de Fajardo, lo que facilitó beneficios indebidos en la adjudicación de contratos.
