El Ministerio Público de Perú solicitó al Poder Judicial dos medidas de impedimento de salida del país contra la expresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra, en el marco de investigaciones por negociación incompatible y lavado de activos, ambas en agravio del Estado.
La primera solicitud, por 18 meses, responde a una investigación por presunto aprovechamiento indebido del cargo, en la que Boluarte habría intervenido en la designación de funcionarios en EsSalud y en la gestión de beneficios sociales para allegados al médico que le habría practicado cirugías estéticas.
La segunda medida, por 36 meses, fue presentada por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Esta investigación vincula a Boluarte con la presunta recolección de dinero destinado a pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, con fondos que habrían provenido de la organización criminal “Los Dinámicos del Centro”.
Ambas solicitudes buscan evitar el riesgo de fuga tras la reciente vacancia presidencial de Boluarte, quien perdió su inmunidad constitucional. Según fuentes fiscales, su paradero era desconocido en la mañana del viernes, lo que ha generado preocupación sobre su disposición a enfrentar los procesos judiciales.
El caso ha reactivado el debate sobre la responsabilidad política y penal de los altos funcionarios en Perú, en un contexto marcado por múltiples investigaciones de corrupción que involucran a exmandatarios y líderes partidarios.
