Las Fuerzas Armadas reafirmaron este martes su insistencia en que el Consejo Nacional Electoral proporcione las copias de actas de cierre de las juntas receptoras de votos a nivel presidencial de los comicios, lo que continúa encendiendo debate sobre los límites institucionales y el respeto a la autonomía electoral.
Aunque la petición se presenta bajo el argumento de “fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana”, su trasfondo plantea interrogantes sobre el verdadero alcance de la participación militar en procesos democráticos.
¿Garantía de seguridad o presión institucional?
Las FFAA han citado el artículo 272 de la Constitución, que les asigna funciones de custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales. Sin embargo, este mismo artículo establece que son una institución apolítica, obediente y no deliberante. Entonces, ¿hasta qué punto puede considerarse legítima su solicitud de acceso a documentos que forman parte del escrutinio técnico del CNE?
La reiteración de esta petición, acompañada de referencias legales como el artículo 3, numeral 5 de la Ley Electoral —que garantiza la publicidad de la información electoral— parece más una estrategia de presión institucional que una necesidad operativa.
La transparencia no se logra por duplicar funciones ni por abrir espacios a actores que constitucionalmente deben mantenerse al margen de decisiones técnicas.
La respuesta del CNE: defensa de la autonomía
La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, fue clara al recordar que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en la logística ni en las decisiones técnicas del proceso electoral. Su carta, dirigida a los consejeros Marlon Ochoa y Cossette López, reafirma que la subordinación funcional de las FFAA al CNE durante el periodo electoral no implica injerencia en la administración del proceso.
Este posicionamiento es crucial para preservar la independencia del órgano electoral. Permitir que las FFAA accedan a documentos sensibles como las actas de cierre podría abrir la puerta a interpretaciones erróneas, manipulaciones o incluso desconfianza en los resultados, especialmente en contextos de alta polarización política.
¿Transparencia para quién?
La transparencia electoral debe estar orientada a los ciudadanos, no a instituciones que, por mandato constitucional, deben mantenerse neutrales. Si las FFAA desean contribuir a la confianza en el proceso, su rol debe limitarse a garantizar la seguridad física de los materiales y del entorno electoral, no a fiscalizar ni verificar resultados.
Además, la duplicidad en la solicitud de las actas —en nombre de la transparencia— podría interpretarse como una forma de vigilancia paralela, lo cual contradice el principio de no deliberación que rige a la institución castrense.
La democracia se fortalece cuando cada institución cumple su rol sin extralimitarse. La insistencia de las FFAA en acceder a las actas de cierre presidenciales, aunque revestida de buenas intenciones, pone en riesgo la autonomía del CNE y abre un debate necesario sobre los límites del poder militar en procesos civiles. La transparencia no se impone desde la fuerza; se construye desde la confianza, el respeto institucional y el apego riguroso a la ley.
