Honduras entra en la recta final de sus elecciones generales en un clima de profunda desconfianza ciudadana, alimentado por la divulgación de audios que sugieren una posible manipulación de resultados y por acusaciones cruzadas entre actores políticos e institucionales.
El fiscal general, Johel Zelaya, reveló grabaciones que presuntamente involucran a la consejera del CNE Cossette López, al diputado Tomás Zambrano, y a un militar activo, lo que ha derivado en una investigación por “asociación ilícita”.
Los señalados han negado la autenticidad de los audios, calificándolos como manipulaciones digitales, y han responsabilizado al consejero del CNE Marlon Ochoa, del partido oficialista Libre, por su divulgación.
Esta confrontación interna en el órgano electoral ha intensificado la percepción de que las instituciones encargadas del proceso no gozan de independencia ni credibilidad plena.
Polarización y acusaciones cruzadas
La presidenta Xiomara Castro respondió calificando los hechos como una “conspiración criminal” para provocar un golpe electoral, ordenando a las Fuerzas Armadas investigar la posible participación de militares y llevando el caso ante la comunidad internacional.
En contraste, el excandidato presidencial Olban Valladares denunció que el oficialismo busca “retener el poder a cualquier costo”, lo que representa, según él, la mayor amenaza a la democracia hondureña.
La tensión se ha agravado con la solicitud del jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, de recibir copias de las actas de las juntas receptoras de voto el día de las elecciones. Esta petición fue rechazada por la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, quien la calificó como una “injerencia” militar en el proceso electoral.
Democracia en riesgo
La desconfianza hacia el proceso electoral no es nueva, pero se ha profundizado en esta campaña. Valladares advirtió que Honduras aún no ha logrado cimentar las bases de una democracia plena, y que la proliferación de “escenarios falsos” ha debilitado la institucionalidad electoral. Aunque se reconoce el esfuerzo de consejeras como López y Hall por mantener la integridad del proceso, el ambiente de polarización y sospecha amenaza con reducir la participación ciudadana y desacreditar los resultados.
La Misión de Observación Electoral de la OEA ha instado a que las elecciones se desarrollen en “paz y tranquilidad”, mientras que sectores empresariales han pedido respeto a la independencia de los entes electorales.
El escenario hondureño refleja una democracia frágil, donde la institucionalidad se ve vulnerada por intereses partidarios, y donde la ciudadanía enfrenta una elección marcada más por el miedo que por la esperanza.
La instrumentalización de las Fuerzas Armadas, las denuncias sin pruebas sólidas, y la falta de transparencia en el manejo de información crítica, configuran un panorama que exige vigilancia internacional y compromiso ético de todos los actores.
Si Honduras quiere “resucitar a algo mejor”, como expresó recientemente el cardenal Rodríguez, debe comenzar por blindar su proceso electoral de toda forma de manipulación, presión o injerencia.
