La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, emitió una carta oficial en la que establece con firmeza la posición institucional del CNE frente a recientes declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, a quien le exigió que evite dar declaraciones sobre el proceso electoral ya que no les compete a ellos.
El documento, además de contener instrucciones operativas, busca reafirmar la autoridad funcional del CNE sobre las Fuerzas Armadas durante el proceso electoral, conforme al artículo 272 de la Constitución de la República.
La controversia surgió luego de que Roosevelt Hernández solicitara al CNE ser notificado sobre el conteo de votos a nivel presidencial y los resultados preliminares.
Esta petición generó preocupación ciudadana, especialmente por declaraciones previas del jefe militar en las que afirmaba seguir órdenes del partido oficialista, lo que pone en duda la imparcialidad y el carácter apolítico que constitucionalmente deben mantener las Fuerzas Armadas.
Fundamento constitucional
La carta de Hall cita directamente el artículo 272, que establece que las Fuerzas Armadas son una institución permanente, profesional, apolítica, obediente y no deliberante, cuya función durante el proceso electoral es garantizar el libre ejercicio del sufragio mediante la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales.
En ese marco, el presidente de la República debe ponerlas a disposición del CNE desde un mes antes de las elecciones hasta la declaratoria oficial de resultados.
Hall aclara que esta disposición no es una facultad discrecional, sino una obligación constitucional, y que ningún poder público puede contradecir las instrucciones del CNE durante ese periodo.
Esto incluye la prohibición de emitir opiniones o solicitudes que interfieran con el desarrollo técnico y logístico del proceso electoral.
La intervención de Hall no solo busca preservar la neutralidad de las Fuerzas Armadas, sino también restablecer la confianza pública en el proceso electoral. En un contexto de alta polarización política, cualquier señal de alineamiento militar con intereses partidarios puede socavar la legitimidad democrática y abrir la puerta a cuestionamientos sobre la transparencia de los comicios.
Además, la carta representa un llamado de atención a los propios concejales del CNE, instándolos a mantener la cohesión institucional y a no permitir interferencias externas que comprometan la autonomía del órgano electoral.
La postura de Ana Paola Hall marca un precedente importante en la defensa de la institucionalidad electoral hondureña. Al reafirmar que las Fuerzas Armadas deben obedecer exclusivamente al CNE en materia electoral, se protege el principio de libre sufragio y se delimita con claridad el rol de cada actor en el proceso democrático.
