Este martes, un grupo de jóvenes pertenecientes al Movimiento Juventud de Honduras, se presentó al Ministerio Público (MP) con USB en mano para interponer tres denuncias formales que involucran a funcionarios del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), incluyendo a un exsecretario del Congreso Nacional, una diputada en funciones y un exministro del actual gobierno.
Los jóvenes acusan a los señalados de atentar contra el proceso electoral, y exigen al Fiscal General, Johel Zelaya, que actúe con imparcialidad y transparencia en la investigación de los casos.
Además, incluyeron en sus denuncias al propio fiscal, a quien responsabilizan por presuntas omisiones en el cumplimiento de sus funciones.
Las denuncias fueron acompañadas por videos y audios almacenados en dispositivos USB, que según los denunciantes, contienen evidencia de irregularidades y boicot electoral.
Los jóvenes exigieron que el MP realice un peritaje técnico al material presentado y que se garantice la cadena de custodia correspondiente.
“Esperamos que en un plazo de 24 horas el fiscal general publique los nombres de las personas denunciadas, caso contrario procederemos nosotros a divulgarlo públicamente”, advirtió uno de los representantes del grupo frente a las instalaciones del MP.
Los manifestantes cuestionaron que el fiscal haya actuado con rapidez para divulgar audios entregados por el consejero del CNE, Marlon Ochoa, y exigieron el mismo nivel de diligencia para los casos presentados este martes.
“A los que se quieren quedar a la fuerza, están a tiempo de retroceder y actuar dentro de los límites que establece la Constitución”, señalaron en su pronunciamiento.
Durante la protesta, los jóvenes también expresaron su respaldo a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, quienes —según ellos— están siendo objeto de presiones políticas dentro del órgano electoral.
El grupo anunció que continuará con su presión pública y movilizaciones hasta que el Ministerio Público brinde respuestas concretas y garantice que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
