La empresa naviera Unión Latín Cargo S.A. anunció este miércoles su rechazo definitivo a la adjudicación del servicio de transporte de material electoral para las elecciones generales del próximo 30 de noviembre en Honduras.
La decisión fue comunicada mediante una carta formal dirigida al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales (UCCE), alegando que los plazos establecidos están agotados y que no pondrán en riesgo el prestigio de la compañía.
La empresa, especializada en logística multimodal, transporte, aduanas y bodegas, explicó que el proceso de licitación estuvo marcado por retrasos significativos e irregularidades en la planificación. Entre los puntos más críticos señalados:
La publicación de la oferta debió realizarse el 30 de septiembre, pero se postergó hasta el 4 de octubre, coincidiendo con el Feriado Morazánico.
No se estableció una fecha para el simulacro de transporte y distribución, lo que impide evaluar la eficiencia y seguridad del proceso.
Notas enviadas al CNE los días 20, 23, 25, 29 y 30 de octubre no recibieron respuesta, lo que generó incertidumbre operativa.
Según el cronograma, los furgones estacionarios debían ingresar al Infop el 1 de noviembre, pero esto no se cumplió.
El 3 de noviembre, Unión Latín Cargo presentó su solicitud de retiro del proceso. Sin embargo, esa misma noche fue notificada de la adjudicación oficial del contrato mediante la Certificación No. 2416-2025-2025.
El 4 de noviembre, se realizó una reunión presencial con los consejeros del CNE, donde la empresa reconsideró su retiro, aunque persistieron discrepancias sobre el esquema de pagos.
La compañía solicitó un pago parcial no menor al 50 % del valor total del contrato al momento de la firma, con el resto a ser cancelado tras la finalización del servicio, conforme al artículo 91 de la Constitución hondureña. Esta condición no fue aceptada por el CNE, lo que llevó a la empresa a confirmar su retiro definitivo.
Riesgos operativos y advertencias
Unión Latín Cargo advirtió que la falta de pago a la empresa adjudicada en las elecciones primarias representa una amenaza seria para el cumplimiento de los cronogramas logísticos y operativos. Además, señaló un retraso acumulado de 20 días en la adjudicación y cinco días en el ingreso de unidades al Infop, lo que compromete la ejecución del proyecto.
La empresa concluyó que, ante la falta de garantías contractuales y logísticas, no pondrá en riesgo su reputación ni la integridad del proceso electoral.
