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MP logra condenas de 17 años de prisión contra expolicías por homicidio de menor en Comayagüela

El Ministerio Público (MP), a través de la Sección de Muertes Cometidas por miembros de los Cuerpos de Defensa y/o Seguridad, el Orden Público o Funcionarios del Estado de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), logró sentencias condenatorias contra cuatro expolicías involucrados en el homicidio del menor Erick Daniel Bonilla Pérez, de 16 años.

Durante la audiencia de lectura de sentencia celebrada en la Sala II del Tribunal de Sentencia, se impusieron las siguientes penas:

Carlos Adrián Núñez Ávila fue condenado a 17 años y seis meses de prisión por el delito de homicidio en perjuicio de Erick Daniel Bonilla Pérez.

Rossi Elizabeth Valladares López, Mario Orlando Amador Sosa y Kenia Yoxibel Cárcamo Ordoñez recibieron penas de 15 años y nueve meses de prisión cada uno por los delitos de encubrimiento de homicidio y omisión del deber de socorro.

Estas condenas permanecerán vigentes hasta que finalice el proceso judicial en su totalidad.

Hechos investigados

Según la investigación realizada por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el incidente ocurrió cuando los ex policías se movilizaban en una patrulla con registro RPM 936. Al intentar requerir al menor, quien iba acompañado por otra persona en motocicleta, ambos se negaron a detenerse y se dirigieron hacia Comayagüela.

En la persecución que siguió, la patrulla logró alcanzarlos en la Cuarta Avenida, donde el agente Carlos Núñez Ávila, desde el asiento trasero del vehículo, sacó su arma reglamentaria —un fusil calibre 5.56— y disparó, impactando al menor en el costado izquierdo.

Captura de los implicados

La detención de los cuatro ex funcionarios policiales se llevó a cabo el 25 de julio de 2024, por un equipo de apoyo estratégico, operaciones y comunicaciones de la ATIC, con respaldo de la Policía Nacional.

Este caso representa un precedente importante en la lucha contra la impunidad en crímenes cometidos por agentes del Estado, reafirmando el compromiso del Ministerio Público con la justicia y la protección de los derechos humanos.

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