El Examen Periódico Universal (EPU) de Honduras de 2025, que tuvo lugar el 7 de noviembre de 2025, fue el cuarto ciclo de evaluación del país por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Durante este proceso, la delegación hondureña presentó su informe nacional y participó en un diálogo interactivo con otros Estados miembros, mostrando su disposición a abordar la situación de los derechos humanos en el país.
Resumen del Examen Periódico Universal Honduras 2025
El proceso se basó en tres documentos principales: el informe del Estado hondureño, una compilación de información de la ONU y un resumen de las contribuciones de otras partes interesadas, como organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Estas últimas, incluyendo grupos de mujeres y organizaciones centradas en los derechos territoriales e indígenas, presentaron informes que destacaban preocupaciones y evaluaban el progreso insuficiente de Honduras en la implementación de recomendaciones anteriores.
Los informes de las OSC y los organismos de la ONU señalaron desafíos persistentes en áreas clave, a pesar de los esfuerzos reportados por el gobierno.
Principales recomendaciones al Estado hondureño en materia de Derechos Humanos
Aunque el informe final con todas las recomendaciones específicas se adoptaría el 14 de noviembre de 2025, las áreas de preocupación y las probables recomendaciones de los Estados miembros se centraron en temas recurrentes identificados por las organizaciones de la sociedad civil y expertos de la ONU:
Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas: Fortalecer las medidas para proteger a los defensores de derechos humanos, especialmente a los que trabajan en temas ambientales y territoriales, quienes siguen enfrentando altos riesgos y criminalización.
Acceso a la Justicia e Impunidad: Abordar la impunidad generalizada por violaciones de derechos humanos, mejorar el acceso a la justicia y garantizar investigaciones exhaustivas e imparciales de asesinatos y actos de tortura.
Derechos de los Pueblos Indígenas y Minorías: Asegurar la participación significativa de los pueblos indígenas y afrohondureños en los procesos políticos, especialmente en asuntos que afectan sus tierras y territorios, y garantizar la implementación del Convenio 169 de la OIT.
Violencia contra las Mujeres y Derechos Sexuales y Reproductivos: Mejorar la implementación del protocolo de atención integral a víctimas de violencia sexual (incluyendo la anticoncepción de emergencia) y abordar la violencia ginecobstétrica y la discriminación.
Situación Carcelaria y Seguridad Ciudadana: Mejorar las condiciones en los centros penitenciarios, revisar el uso de la prisión preventiva obligatoria y evitar la militarización de la seguridad pública.
Cumplimiento de Recomendaciones Anteriores: Asegurar un mayor cumplimiento de las recomendaciones emitidas en ciclos anteriores del EPU, ya que los informes preliminares indicaron un progreso insuficiente en varias áreas.
