A pocos días de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, reconocidos expertos jurídicos alertaron este lunes sobre una crisis que amenaza el sistema democrático del país, señalando el “uso político” del Ministerio Público, el intento de las Fuerzas Armadas (FFAA) de vulnerar la Ley Electoral y la vigencia de un estado de excepción “incompatible” con la celebración de comicios libres.
El abogado Kenneth Madrid cuestionó la solicitud del Estado Mayor Conjunto de obtener copia de los resultados electorales, afirmando que dicha acción “vulnera la Ley Electoral”.
Además, advirtió que las investigaciones abiertas por el Ministerio Público contra consejeras y empleados del Consejo Nacional Electoral (CNE) contradicen la normativa vigente y ponen en riesgo la independencia institucional.
“El Ministerio Público no puede ser instrumento de persecución política”, subrayó Madrid, en referencia a las acciones emprendidas contra el CNE, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y sectores de la oposición.
Por su parte, la abogada Ruth Lafosse consideró que el estado de excepción se ha convertido en “la forma de gobierno”, lo que representa una restricción y amenaza en pleno proceso electoral. Señaló que la democracia solo funciona si el voto cuenta con garantías judiciales que lo protejan, aunque destacó que el sufragio sigue siendo una herramienta que “ningún gobierno puede controlar”.
La abogada Sandra Ponce apuntó que tanto el Congreso Nacional como el Poder Judicial tienen facultades para levantar o controlar la vigencia del estado de excepción, el cual fue prorrogado recientemente por el Consejo de Ministros por 45 días más.
De esta manera, las elecciones generales del 30 de noviembre se realizarán bajo un régimen especial que, según el Gobierno, es de carácter parcial y se aplica en aproximadamente el 50% del territorio nacional.
Los expertos coincidieron en que la combinación de presiones institucionales, limitaciones de derechos y acciones políticas desde el Ministerio Público configuran un escenario crítico que pone en entredicho la legitimidad del proceso electoral y la fortaleza del sistema democrático hondureño.
