En un ambiente marcado por la polarización política de cara a las elecciones generales de 2025, el perito forense colombiano Jeison Villamil, gerente de Private Investigation Technology SAS, confesó en Tegucigalpa que fue contratado por el Partido Libertad y Refundación (Libre) para realizar el análisis técnico de los audios que involucran a la consejera Cossette López.
La revelación provocó un abandono inmediato de la conferencia de prensa por parte de la defensa legal de López, así como de periodistas y camarógrafos, dejando en evidencia la falta de credibilidad del informe.
El abogado Dagoberto Aspra, representante de López, calificó el informe como “ridículo” y sin validez probatoria.
La abogada Danelia Ferrera señaló que el análisis carece de juramentación, cadena de custodia y origen legal, además de haber sido pagado por Libre.
El doctor Manuel Pacheco Valle, exdirector de la Defensa Pública, subrayó que la empresa no tiene autoridad para certificar la veracidad de los audios, por lo que el documento no puede ser considerado prueba judicial.
Un informe sin sustento
Villamil concluyó que los audios “no son inteligencia artificial” y defendió su autenticidad, pero el informe no fue entregado de manera escrita a los asistentes, lo que aumentó las dudas sobre su seriedad.
Además, el perito denunció haber recibido amenazas de muerte tras validar las grabaciones, solicitando protección inmediata al Ministerio Público y a la Policía Nacional.
Este episodio refleja la fragilidad institucional y la manipulación política de procesos que deberían ser estrictamente técnicos y judiciales.
La confesión de que el peritaje fue financiado por un partido político convierte la supuesta prueba en un instrumento de propaganda, debilitando aún más la confianza ciudadana en el árbitro electoral y en la transparencia del proceso democrático.
La falta de rigor técnico, la ausencia de cadena de custodia y la evidente parcialidad del contratante dejan claro que este informe no fortalece la democracia, sino que profundiza la crisis de credibilidad en torno al Consejo Nacional Electoral (CNE) y las elecciones de 2025.
