El fiscal general de la República, Johel Zelaya, lanzó un mensaje desafiante en medio de cuestionamientos sobre la falta de celeridad en casos vinculados al oficialismo, asegurando que mantiene la “conciencia tranquila” y que “nadie nos va a dar clases de cómo actuar”.
En tono molesto, Zelaya defendió la independencia del Ministerio Público (MP) y afirmó que “al Ministerio Público nadie absolutamente nadie le va a decir a quién acusar y a quién no acusar”, respondiendo a críticas de sectores políticos y sociales que reclaman mayor firmeza en investigaciones sensibles.
Señaló que el caso de la diputada Isis Cuéllar no tardará “cuatro o cinco años”, como ocurrió en gestiones anteriores donde, según él, muchos expedientes fueron engavetados.
Acusó a la prensa de encubrir casos de corrupción en el pasado, insistiendo en que “hablemos de todos”, especialmente cuando se le consultó sobre el narcovideo que involucra a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro.
Enumeró una larga lista de expedientes emblemáticos de corrupción —entre ellos Pandora, Caja Chica de la Dama, Red de Diputados, Hermes, Narcopolítica II, Gualcarque— cuestionando al Poder Judicial por no dar respuesta a la población.
Evitó pronunciarse sobre los audios que presuntamente involucran a la consejera del CNE, Cossette López, y al jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, alegando que el caso “está donde está”.
El discurso de Zelaya refleja un intento de proyectar firmeza y autonomía institucional, pero también evidencia contradicciones y tensiones políticas.
Mientras asegura que el MP no se dejará presionar, su reacción airada frente a preguntas sobre casos que involucran al oficialismo genera dudas sobre la imparcialidad real de la Fiscalía.
La crítica central es que el fiscal general parece utilizar un tono confrontativo más dirigido a la opinión pública y a la prensa que a la rendición de cuentas institucional. Al enumerar expedientes históricos de corrupción, Zelaya traslada la responsabilidad al Poder Judicial, pero evita profundizar en investigaciones actuales que involucran a figuras cercanas al gobierno.
En un país marcado por la desconfianza hacia las instituciones, declaraciones como “nadie nos va a dar clases de cómo actuar” pueden interpretarse como un gesto de independencia, pero también como una defensa política frente a cuestionamientos legítimos. La ciudadanía espera resultados concretos y no solo discursos de confrontación.
El reto para el Ministerio Público es demostrar que su autonomía no es solo retórica, sino que se traduce en acciones efectivas contra la corrupción, sin importar nombres ni partidos.
